Sr. Fernado Ónega:
Empecé a interesarme por la política leyendo artículos de Pedro Rodríguez (1935-1984) que se publicaban en un periódico local. Era un tiempo en que el periodismo político no clandestino era todavía de un azul intenso. Después, según avanzaban los años 70, se fue abriendo el abanico de opciones. Usted ya era entonces un referente. Todavía hoy escucho con interés sus comentarios radiofónicos matutinos y, a veces, también los nocturnos. Probablemente conoce usted como pocos los entresijos de la fontanería política del Estado español de los últimos cincuenta años. En particular, como persona próxima a Adolfo Suárez, fue un espectador privilegiado de los acontecimientos de la transición política en la que echó a andar el régimen del 78.
Fue entonces cuando, según lo dispuesto por el dictador Franco, comenzó su reinado Juan Carlos I, que ahora está a punto de ser incluido, presuntamente con justa razón, entre el listado de impresentables que han ocupado el trono del reino de España. No sé si estará de acuerdo conmigo en que es difícil de creer que Felipe VI no supiera de las andanzas de su padre hasta marzo de este año, cuando quiso marcar distancias. Quien tiene acceso privilegiado a la información, como es el caso del jefe del Estado, no puede desconocer el alcance de las relaciones mantenidas por su predecesor en el cargo con soberanos de otros países. En particular con aquellos que le hicieron las sustanciosas donaciones que están en el origen de los delitos que ahora se le atribuyen. Lo anterior, incluso desde la poco creíble hipótesis de que no hayan existido confidencias entre padre e hijo sobre las peculiares relaciones del progenitor con monarcas de países petroleros que, además, constan como aliados o, cuando menos, amigos del Estado español.
Ahora, tras el revuelo que ha causado la circulación de informaciones sobre las fechorías del padre, muchos han cerrado filas para defender al hijo. Incluso hay republicanos -por lo visto, más de eslogan que de convicción- que eluden cualquier debate sobre la forma de Estado: el asunto les produce vértigo. El principal argumento de los presuntos republicanos para ponerse de perfil es que, con la que está cayendo como consecuencia de la pandemia y tras la buena nueva de la llegada de dinero desde la Unión Europea, consideran que no es el momento de cuestionar la (falta de) idoneidad de que el jefe del Estado lo sea por herencia (sic) y no por decisión popular. Precisamente, para apuntalar su posición, quienes están de facto a favor de la continuidad de la monarquía -republicanos o no- recuerdan a menudo que fue el pueblo español en referéndum quien aprobó que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, que es lo que dice el artículo 3 de la Constitución. Y es entonces cuando, una y otra vez, me acuerdo de usted y de lo que públicamente ha manifestado al respecto.
No hace mucho tiempo, cuando se celebraba el cuarenta aniversario de la entrada en vigor de la Constitución del 78, en los medios de comunicación se recordaba que en aquel momento era usted director de prensa de la presidencia del gobierno que ocupaba Adolfo Suárez. Y, al hilo de la efeméride, se le preguntaba sobre algunos detalles de la transición. Usted siempre ha sido discreto a fuer de periodista. Pero va cumpliendo años, y probablemente le pareció que, después de cuatro décadas y del grado de consolidación que se le presume a la democracia española, se podía permitir contar algunas anécdotas de la época (como su paternidad de la genial frase “puedo prometer y prometo” con la que Suárez ha pasado a la historia). En una de sus intervenciones le oí relatar cómo escamotearon al pueblo español la decisión sobre la monarquía. Ustedes (permítame que le incluya entre quienes manejaban entonces el poder) eran muy conscientes de que el modelo de Estado debía ser aprobado en referéndum. Pero tenían muchas dudas de que resultara ganadora la monarquía encarnada por un rey propuesto por Franco (a usted no hace falta recordarle que el heredero legítimo (sic) del trono de España era don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos l). Según explicó usted, su miedo tenía el origen en lo que decían las encuestas secretas que manejaban: si se sometía a votación la monarquía iba a ser rechazada por la mayoría republicana. Porque, en aquel momento, los grandes partidos republicanos no hubieran podido -ni probablemente querido- pedir el voto a favor de la pseudorreinstauración monárquica ideada por Franco (que, como usted bien sabe, fue dictador durante cuatro largas décadas tras haber dado un golpe de estado contra una república legítima). Y este fue el motivo por el que decidieron que la forma de Estado se aprobara camuflada como una parte del texto constitucional.
En el mejor de los casos, llevaron a cabo en aquel momento una estrategia radicalmente despótica y en ningún modo democrática: lo mejor para el pueblo -según ustedes, la implantación de una democracia liberal con forma de monarquía constitucional-, pero sin dejar que el pueblo tomara su propia decisión que, como temían, muy posiblemente hubiera sido reinstaurar la república. Después se fueron sucediendo los acontecimientos (en particular el golpe de estado del 23F) y, como los comentaristas políticos acabaron diciendo, no es que con la llegada de la democracia la ciudadanía se hubiera vuelto monárquica, pero se había hecho mayoritariamente juancarlista. El rey Juan Carlos I, avalado ya por una constitución aprobada en referéndum, se había convertido en el gran valedor de la democracia y, por ende, de la restauración de la dinastía borbónica (como usted bien sabe, don Juan, su padre, ya había renunciado en 1977 a los derechos dinásticos que le correspondía legítimamente (sic) en favor de su hijo).
Como ya he dicho, suelo escuchar a menudo sus análisis, pero no me consta haberle escuchado su parecer sobre la conveniencia de dejar hablar a la ciudadanía -¡por fin!- para ratificar o rechazar lo que ustedes decidieron en su nombre hace más de cuarenta años (porque ninguna encuesta ponía en duda que la Constitución iba a ser aprobada, con o sin monarquía camuflada). Es indudable que la monarquía no está en su mejor momento, y su prestigio se verá todavía más afectado si el anterior rey es condenado por los delitos que se le atribuyen. Al respecto, dado que vivió usted la génesis de la Constitución de 1978 desde una posición privilegiada, sería interesante saber cómo interpreta el artículo 56 del texto constitucional cuando dice que: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Al margen de reflexiones jurídicas más autorizadas y sobre todo más poderosas que la mía e incluso que la suya, no me negará que la única conclusión razonable es que el Rey no comete delitos solo cuando ejerce como jefe de Estado, porque como rey constitucional sus actos están siempre refrendados -por el presidente del gobierno, por los ministros o por el presidente del Congreso- y en tal caso los responsables son precisamente las personas que los refrendan (como especifica el artículo 64 de la Constitución). Convendrá conmigo que cualquier interpretación que diga que el rey no comete delitos cuando actúa por su cuenta y riesgo llevaría a concluir que la Constitución del 78 habría consagrado la figura de un Rey y jefe del Estado con características tan poco liberales como democráticas. Para avalar esta afirmación me remito a la opinión de Locke, considerado el padre del liberalismo político, que ya en el siglo XVII señalaba en que para que una monarquía sea constitucional y no absolutista la Ley debe ser igual para todos, incluido el soberano (en este caso, el Rey).
La forma en que supuestamente ha actuado Juan Carlos de Borbón, tanto cuando era rey como después e independientemente de que finalmente sea o no considerada delictiva por los tribunales, ha reducido a su mínima expresión el juancarlismo que, a juicio de muchos, ha sido el principal sostén de la monarquía desde la transición política. Ahora, en 2020, en el reinado de Felipe VI, tras la caída en desgracia de la figura de su progenitor, del que ha heredado la corona, ¿es la ciudadanía española monárquica o, en su defecto, suficientemente felipista? Para saberlo, tras décadas de democracia, ¿sigue siendo de recibo que, en aras a la estabilidad política, no se le permita tomar la decisión sobre la continuidad o no de la monarquía?
No sé cuál es su opinión al respecto, pero, como colaborador y singular fedatario de lo acontecido cuando de forma sui géneris se implantó la monarquía en España, quizás debería levantar una lanza dialéctica a favor de que se devolviera al pueblo español el derecho que ustedes le usurparon a decidir sobre la materia. Sé que muchas personas tienen una interpretación histórica poco favorable a repetir la experiencia republicana. Pero, señor Fernado Ónega, con la mano en el corazón, dígame si cree que hay algún analista serio y razonable que, a estas alturas y con Juan Carlos alineado entre los reyes deshonestos, puede apostarse incondicionalmente por la continuidad de los borbones en la jefatura del Estado español. No sé lo que dicen al respecto las encuestas secretas. Seguro que usted lo sabe. Y, llegados hasta aquí, no tiene usted otros cuarenta años de plazo para contarlo ni yo para escucharlo. Por favor, si tiene algo que decirnos, hágalo ahora. Se lo debe a la Historia.
