El blog de Javier García Aranda

En general, los/as trabajadores/as consideran positiva la opción de poder flexibilizar su jornada laboral mediante el teletrabajo. No obstante, es evidente que hay funciones y tareas susceptibles de realizarse mediante teletrabajo, tanto de trabajadores/as de alta como de baja cualificación (es el caso de, por un lado, analistas y programadores/as y, por otro, los/as teleoperadores/as); y hay otras que difícilmente puede realizarse a distancia (por ejemplo, las de los/as ingenieros/as implicados/as en la fabricación de manufacturas o las de personas que atienden al público en los comercios).

En el caso de aquellos trabajos que pueden realizarse mediante teletrabajo, es de toda lógica que, ya sea por cuestiones “subjetivas” (hay personas a las que les gusta más que a otras trabajar individualmente o, sencillamente, estar solas) como “objetivas” (tanto relacionadas con el tipo de trabajo como con la forma en que está organizada su vida personal y familiar), hay quienes perciben el teletrabajo como una buena opción y quienes lo consideran una situación no deseable. En este sentido, la posibilidad de que teletrabajar sea una opción voluntaria, es decir, la consideración del teletrabajo como un derecho y, por tanto, reversible en el tiempo, es un factor clave para que las personas lo perciban como una ventaja.

En todo caso, cualquier análisis al respecto deber partir de que el teletrabajo no es una panacea y solo resuelve problemas laborales y personales en un contexto de estrategias de organización del trabajo que tengan como uno de sus objetivos prioritarios adaptarse a las necesidades y aspiraciones de las personas. Tampoco se debe obviar que el teletrabajo puede también provocar una agudización de los roles de género en el hogar, implicar mayores controles por parte de las empresas o entidades empleadoras para evitar, por ejemplo, la dedicación de tiempo a asuntos personales durante la jornada de trabajo, o ser una vía para aumentar la precarización, sobre todo en el caso de trabajadores/as con bajo nivel de cualificación.

En primer lugar, ¿qué es el CGPJ? Según recoge la propia página web del poder judicial, “El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos”. La segunda cuestión, que en realidad debería ser el punto de arranque de cualquier reflexión sobre la materia, es todavía más básica: ¿qué es y quién ejerce el poder judicial?

Para responder a esta pregunta, lo primero es tener cuidado en no identificar poder judicial con CGPJ, que es solo un órgano que ejerce “funciones de gobierno” de aquel. Para entender mejor la distinción conviene echar un vistazo a los otros poderes del Estado. Así, el poder legislativo es ejercido por el conjunto de diputados/as y senadores/as y no por la presidencia del Congreso o del Senado ni por las mesas de representantes de los grupos parlamentarios que organizan el funcionamiento de dichas cámaras. En el caso del poder ejecutivo, está claro que radica en el gobierno del Estado, aunque, en este caso, su presidente sea la figura preeminente, ya que es la designada directamente por el Congreso. ¿Cuál es entonces la respuesta a la pregunta? Para no meterse en elucubraciones, lo prudente es ir directamente a la Constitución española de 1978, cuyo artículo 117 dice que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Ponerse a discutir sobre sutilezas constitucionales es un grave riesgo hasta si se sabe mucho sobre cómo deben interpretarse las leyes -que no es mi caso-, pero resulta evidente que el poder judicial es, sobre todo, el conjunto de jueces/zas y magistrados/as que imparten justicia (que el texto constitucional diga que lo hacen en nombre del rey no deja de ser una reminiscencia de tiempos lejanos en que el soberano encarnaba todo el poder del Estado). Y, como ha quedado dicho, el CGPJ es solo el órgano encargado de poner orden en la burocracia que se ocupa de la justicia y, también, de ejercer una función tan importante como es salvaguardar y garantizar “la independencia de los Jueces y Tribunales [...] respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos”.

Así las cosas, ¿es razonable que, como defiende una parte de la opinión pública, los y las miembros del CGPJ sean elegidos/as directamente por los y las jueces/zas y magistrados/as, es decir, por quienes son la parte sustancial del poder judicial? En principio, podría ser correcto, ya que solo se trata de elegir a quien organiza la administración de justicia. Sin embargo, optar por esta opción lleva a plantearse una cuestión previa: ¿quién elige a quienes ejercen el poder judicial, es decir, a los/as jueces/zas y magistrados/as? Porque a las personas que ejercen el poder legislativo (parlamentarios/as) o el ejecutivo (presidente del gobierno) las elige directamente la ciudadanía o quienes previamente han sido elegidas por la ciudadanía, pero no ocurre lo mismo con las que imparten justicia, que son seleccionadas mediante procedimientos que quedan muy lejos del control ciudadano. Además, en las democracias, las personas elegidas para ejercer los poderes legislativo y ejecutivo lo hacen para un periodo de tiempo limitado, mientras que las que imparten justicia son “inamovibles”, como prescribe la Constitución.

En una sociedad compleja como la nuestra, es inimaginable un procedimiento para que quienes ejercen el poder judicial fueran seleccionados/as o cuando menos ratificados/as por la ciudadanía y que, al mismo tiempo, preservaran su independencia y su inamovilidad. Pero lo que sí es razonable y perfectamente posible es que, al menos quienes organicen el poder judicial, es decir, quienes integren el CGPJ sean personas elegidas por un procedimiento cercano a la ciudadanía. Quizás lo más funcional es que la intervención de la ciudadanía se haga de forma indirecta, es decir, que sean nombradas por el Congreso (salvo mejor opinión al respecto, no parece que haya razones suficientes para que en ello deba intervenir el poder ejecutivo, que ya es elegido a su vez de forma indirecta). No obstante, si la elección de miembros del CGPJ está tan politizada como se dice, tampoco estaría de más que se valorara la posibilidad de que fueran elegidos/as directamente, en las urnas, por la ciudadanía, que, dado el caso, tiene el máximo derecho a ser también sectaria y, por supuesto, a equivocarse.

Encontrar una definición de la expresión energía verde ha resultado ser una ardua tarea. Para empezar, en textos a los que se puede suponer cierto rigor, es frecuente que el término verde referido a la energía aparezca entrecomillado, como una denominación coloquial alejada de lo científico. Con esta perspectiva y tras indagar, sin éxito, en artículos académicos y páginas web de organismos e instituciones relacionados con la energía, una opción es optar por una explicación estrictamente terminológica. Así, en el diccionario en línea de la RAE, en la decimosexta acepción de “verde” se señala que “dicho de un producto” es un adjetivo que significa “ecológico”, es decir, “que no es perjudicial para el medio ambiente”. Aunque hablar de la energía como un “producto” resulta excesivamente mercantilista, no es un mal punto de partida para considerar que energía verde es aquella cuya obtención y posterior uso no resultan perjudiciales para el medio ambiente. Siempre que se entienda, claro está, que en el medio ambiente están incluidos también los seres humanos y que, además, haya el suficiente consenso sobre lo que significa “no ser perjudicial”, extremo que no parece sencillo de resolver. En cualquier caso, esta definición académica puede no resultar demasiado práctica.

Otra opción es adentrarse en el debate desde la perspectiva de quienes tienen intereses diversos en los mercados de la energía o, como contraparte, perciben siempre esos mercados como una amenaza medioambiental. En esos ámbitos se considera energía verde a la que es “limpia” y procede de fuentes “renovables”, lo cual lleva a tener que definir el significado de cada uno de los términos entrecomillados, sobre lo que tampoco hay unanimidad. Así, hay quien opina que para que una energía merezca la consideración de “limpia” no debe producir ningún tipo de contaminación, lo que resulta harto difícil si se considera el conjunto del proceso de producción, distribución y tratamiento de residuos; y hay a quien le basta que sea razonablemente poco contaminante, como ocurre con las que tradicionalmente vienen siendo consideradas energías verdes (solar, eólica, hidroeléctrica…). Respecto a que sus fuentes sean “renovables” tampoco las cosas están claras: hay quien opina que, por ejemplo, esto ocurre con la gran esperanza energética, la energía nuclear de fusión, al entender que su fuente, el agua, es un recurso inagotable, pero también hay quien considera, con cierta dosis de obviedad, que la cantidad de agua es también finita.

En definitiva, en la medida que ser “limpia” y “renovable” es algo gradual, podría decirse también que el apelativo de verde aplicado a la energía es un término relativo cuya graduación será establecida en cada momento histórico por el mercado o por consensos institucionales. Por tanto, y siempre de la mano de los logros científicos y tecnológicos, el objetivo de la sociedad no parece que pueda ser otro que conseguir que la energía que consumimos para poder llevar una vida razonablemente confortable sea lo más verde posible. Así que, cuidado con los cantos de cisne sobre energías verdes indiscutibles y libres de toda mácula, porque pueden ir acompañados de intereses comerciales no siempre transparentes y, a menudo, también de estrategias geopolíticas, que en la práctica vienen a ser lo mismo.

No corren buenos tiempos para la democracia. Como dice el periodista Rubén Amón, los países en que está vigente un sistema democrático de cierto calado corren el riesgo de convertirse en parques temáticos. Un indicador significativo de esta deriva es que se está convirtiendo en un mal hábito no aceptar la derrota en las urnas. Claro que para que esta aceptación tenga su propia lógica debe estar vigente un principio básico de la democracia: deben existir mecanismos institucionales y sociales que posibiliten la alternancia en el ejercicio del poder político. Esto es algo que no ocurre en China.

La democracia popular china tiene carácter piramidal, de forma que la elección de representantes solo se lleva a cabo en los niveles más bajos de la pirámide: la asamblea de barrio o de aldea. En el resto de niveles, hasta llegar a la Asamblea Popular Nacional, los representantes y las (pocas) representantes se eligen en las asambleas u órganos de nivel inferior, donde también se designa, al menos formalmente, a quienes ejercen tareas ejecutivas. El mayor inconveniente del peculiar sistema democrático chino es que, en el escalón inferior, aunque según la ley es elegible quien sea avalado por 10 conciudadanos o por el jefe de su empresa, son elegidos/as casi en exclusiva candidatos/as respaldados/as por el Partido Comunista Chino (PCCh), una estructura con 90 millones de afiliados/as (un 7% de la población) y que, en la práctica, es el partido único desde 1949.

Debido a esta escasa posibilidad de participación de la ciudadanía en la elección de la base de la pirámide, todo el sistema institucional chino esta contaminado y, por tanto, carece de legitimación democrática. En consecuencia, puede afirmarse que el criterio de participación efectiva -que evalúa la oportunidad de que el punto de vista de cualquier ciudadano/a sea conocido por los/as otros/as miembros de la comunidad- se reduce a las escasas posibilidades de que un candidato no perteneciente al PCCh se haga oír por sus conciudadanos más próximos, para lo que hay que tener en cuenta, además, que los medios de comunicación y los canales digitales de información están sometidos a una censura implacable.

No es este el único criterio que no se cumple en China de los cinco que, en su obra La democracia: una guía para los ciudadanos, propone Robert Alan Dahl (1915-2014) para evaluar el grado de democracia que existe en un país: la igualdad de voto queda circunscrita a la posibilidad de votar en la citada elección primaria en la base de la pirámide; es mínima la capacidad de acceso a la comprensión ilustrada que permitiría a la ciudadanía instruirse sobre políticas alternativas y sus consecuencias; el control de la agenda pública está lejos del alcance de la ciudadanía, ya que está estrictamente controlada por la cúspide del PCCh; y, por último, existe un déficit notable en la inclusión de las personas en el sistema, ya que hay grupos sociales marginados de la representación política, cuando no directamente reprimidos (mujeres, minorías étnicas y religiosas, personas LGTBI+).

En definitiva, aunque el propio Dahl considera que a lo largo de la historia no ha habido ningún Estado que haya satisfecho plenamente las condiciones para que su régimen de gobierno pudiera ser considerado plenamente democrático y que, por tanto, solo es evaluable el grado en que un régimen es más o menos democrático, se puede afirmar que China es un país con muy bajo nivel de democracia. No obstante, esta conclusión tampoco es óbice para que Kishores Mahbubani (1948), desde la perspectiva de que en Asia ven las cosas desde puntos de vista distintos a los vigentes en Occidente, afirme que: “Los chinos llevan un par de milenios reflexionando sobre la forma que debe adoptar una sociedad justa y bien organizada, el mismo tiempo que los occidentales. Pero ellos han llegado a otras conclusiones”.

Volviendo a Shen Yun, la conclusión de todo lo anteriormente expuesto es que resulta pretencioso intentar identificar el espectáculo que ofrece la compañía como la expresión fidedigna de lo que era China antes del comunismo. Sobre todo, porque esta referencia publicitaria identifica la excelencia de su espectáculo con la supuesta bondad intrínseca del sistema de vida existente en China antes de la implantación del régimen comunista.

Sabemos poco sobre cómo es realmente la vida en China, aunque cualquiera que haya vivido en una dictadura se hace una idea de cómo funcionan las cosas por aquellas latitudes. Y, por descontado, tampoco es posible saber cómo hubiera sido el devenir de ese país milenario y cómo sería ahora su presente si no se hubiera implantado el comunismo. Pero identificar la China anterior a 1949 con lo bello y lo bueno no deja de ser es una interpretación maniquea, sesgada, interesada y, por tanto, falsa de la historia de aquel país. En todo caso, me temo que no es aventurado afirmar que la inmensa mayoría de la población de la China anterior al comunismo no tenía unas condiciones de vida suficientemente aceptables como para dedicarse a disfrutar de la belleza de los seres divinos al bailar. Por cierto, quienes diseñan la estrategia corporativa y las campañas publicitarias de Shen Yun podrían preguntar a los y las descendientes de los y las indígenas del país en que tiene su sede la compañía qué opinan sobre la forma en que se implantó allí la democracia.

Estimado Oriol Junqueras: 

Mi vinculación con el pueblo catalán y mi interés por su devenir político viene de lejos. A mis relaciones de amistad con catalanes y catalanas, nacidos dentro y fuera de Catalunya, se suma que, desde hace unos años, una parte de mi familia está asentada en Barcelona, por lo que, además de estar atento a los acontecimientos políticos que tienen lugar en su país, trato de comprender las claves de la sociedad catalana. Con ese propósito, hace tiempo que sigo con interés tanto sus planteamientos políticos como las actitudes y motivaciones personales en que se sustentan y que, de vez en cuando, suele exponer ante los medios de comunicación. Eso me ha llevado a algunas reflexiones que llevo tiempo queriendo compartir con usted, pero en la política catalana pasan tantas cosas que siempre surgóa algo nuevo con que matizar el contenido de esta epístola. 

En primer lugar, debo decirle que he llegado a la conclusión de que la tortuosa hoja de ruta política que le ha tocado recorrer desde que en septiembre de 2011 accediera a la presidencia de su partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quedó fijada varios años antes, en 2016, cuando se celebró el Referéndum sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, convocado por el president socialista Pasqual Maragall. En aquella consulta se hacía a los y las catalanas la siguiente pregunta: ¿Aprueba el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña?. El texto que se sometía a refrendo era el que poco antes había sido aprobado por las Cortes Generales de España. Participó el 48,85% del censo; el 73,90% de quienes votaron aprobaron el Estatut d’autonomia; y el 20,76% votó no, tal y como había pedido su partido, liderado entonces por Josep Lluís Carod-Rovira. Desde aquel momento, quedaba claro que la única alternativa para su partido era subir la apuesta. 

Un argumento fundamental de ERC para rechazar el texto de aquel estatuto -que hoy en día sigue vigente y con el que ustedes gobiernan- fue que no recogía explícitamente que Catalunya es una nación. Pudieron haberlo rechazado cuando el texto pasó por el Senado, pero se decantaron por la abstención, para no impedir que el pueblo catalán se pronunciara directamente sobre si quería o no aquel estatut. ¿Por qué acabaron pidiendo finalmente el voto en contra sabiendo que el pueblo catalán le iba a dar el sí? Me temo que fue por lo mismo que, después, también les ha pasado otras veces: no les gusta que les llamen botiflers, que es como en su país se denomina, con desprecio, a quienes son acusados de traicionar a la patria catalana. Soy vasco y me considero abertzale, por lo que sé lo mal que sientan esas cosas, pero los años me han enseñado que si estás demasiado pendiente de la opinión de los demás es difícil seguir avanzando. Aunque, por otro lado, nunca he osado presentarme a más elecciones que a las sindicales. 

En 2014, cuando escribí Los pucheros de Oriol, me parecía que sus planteamientos sobre el derecho de la nación catalana a decidir su destino eran más emocionales que racionales. Ahora ya no me parece usted el mismo político al que se le quebraba la voz al proclamar la urgencia de que Catalunya se convirtiera en un estado independiente. Al respecto, aunque no dudo de su sinceridad al atribuir la nueva estrategia política que usted propugna a la reflexión colectiva llevada a cabo por su partido, me pregunto si en el cambio en su forma de sentir la política no habrá tenido mucho que ver el tiempo pasado en la cárcel. Durante estos años, cada vez que le he escuchado ha puesto de manifiesto la fortaleza de sus convicciones políticas y de sus valores personales, pero intuyo que esos días y esas noches pasados en la soledad de su celda le habrán llevado a reservar sus emociones, sobre todo, para sus personas más próximas, particularmente para su familia. El punto de inflexión que señala el arranque de esa nueva estrategia fue, sin duda, la carta enviada por usted hace unos meses a laSexta y al periódico ARA, en la que exponía su nuevo talante político y personal, más racional y posibilista. 

Me sorprendió que en esa carta planteara como novedosas algunas reflexiones políticas que para muchas personas, catalanas o no, ya eran evidentes antes del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. Así, cuando dice que quiere “volver a extender la mano a todos aquellos [catalanes] que se hayan podido sentir excluidos”, no hace sino aceptar lo que, a mi juicio, es un principio elemental: solo se puede construir una nación moderna y dotarla de instrumentos democráticos de autogobierno desde el respeto a las formas diversas en que las personas hagan suyas las señas de identidad de esa nación. Por eso me parece relevante que en la carta subraye también que este “es el momento de la audacia política, el coraje democrático y la reconciliación social”, y que añada que lo es “porque la conciliación del conjunto de nuestra ciudadanía es fundamento imprescindible del futuro”. 

Considero que sus argumentos a favor de la autodeterminación de Catalunya tienen una base sólida y, además, coincido con usted en que la vía escocesa a la que apela no solo es el camino más adecuado, sino quizás el único para resolver democráticamente la cuestión catalana (y la vasca). A quienes defienden que en el Estado español la nación española es la única que tiene razón de ser, hay que recordarles que si el pueblo catalán quiere decidir -según las encuestas, por mayoría aplastante- sobre la opción de constituir o no un Estado catalán, lo acabará haciendo. De una u otra forma, para votar a favor o en contra, pero lo acabará haciendo. Porque, incluso entre aquellos que votarían en contra de la independencia, la mayoría siente o, al menos, reconoce que Catalunya es una nación. En ese camino coincido también con usted en que “el diálogo y la negociación son imprescindibles”, ya que “los conflictos políticos que se acaban resolviendo lo hacen, tarde o temprano, alrededor de una mesa donde todas las partes exponen libremente sus posiciones”. 

Espero que el pueblo catalán, incluso aquellas personas que no profesen sus mismas ideas, tenga la suficiente memoria histórica como para reconocerles, a usted y a quienes lo han acompañado en estos años de cárcel, su contribución al futuro de su pueblo. Ojalá que la historia sea justa con usted y, sea cual sea el estatus político de su nación, Catalunya, pueda disfrutar del honor que supone estar al frente del gobierno de la Generalitat. Aunque me imagino que lo que realmente le gustaría es ser presidente de la república catalana. Le deseo suerte y que, si así lo quiere la nación catalana, sus sueños se cumplan.

Quienes llevan la cuenta de cuántos habitantes tiene el mundo dicen que el 15 de noviembre de 2022 llegaremos a los 8.000 millones; en 2011 éramos solo 7.000. También dicen que el crecimiento de la población está frenando y que en unos 60 años empezará a disminuir. Por estas latitudes ya estamos acostumbrados a que niños y niñas sean un bien escaso. Quienes saben de economía dicen que cuando la generación del baby boom desaparezca del mercado no habrá suficientes personas para ocupar sus puestos de trabajo. Mientras tanto, mucha gente sigue empeñada en decir que la llegada de población inmigrante es un grave problema para nuestra sociedad del bienestar y el ocio. Por ahora, a mí no me salen los números.