El blog de Javier García Aranda

Juventud precaria y sindicalismo se titula el artículo de Antonio Antón, Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (NuevaTribuna.es; 2020/06/05). Comparto su diagnóstico de que los y las jóvenes están lejos de los sindicatos, y viceversa. De hecho, llevo años diciendo a los y las antedich@s que se cruzan en mi camino que solo el sindicalismo bien entendido les va a librar de vivir en una permanente penuria laboral (no incluyo en esta categoría el practicado por los sindicatos mayoritarios del Estado español). 

No es un tema para andarse con bromas. Pero, cuando en el texto me encuentro con la frase “ahora que ya se admite el indicador de 34 años para ser joven”, me aflora una sonrisa. El motivo es la paulatina ampliación de la edad para ser joven. Más adelante, el artículo señala que sería necesario que se afiliaran el 20% de las y los jóvenes -nada más y nada menos- para alcanzar el umbral que posibilitara tender puentes entre la juventud y los sindicatos. Entonces me acuerdo de cómo entiende el sindicalismo español mayoritario la afiliación sindical y la poca fiabilidad de las cifras de afiliad@s que (no) ofrecen a la opinión pública. Y concluyo que, para que el desiderátum del 20% pudiera hacerse realidad, sería necesario subir el listón del indicador para ser joven… hasta la edad de jubilación. Y ni aun así.

1.- Introducción: la igualdad y el lenguaje sexista.

Desde que a finales del siglo XVIII las revoluciones estadounidense (1783) y francesa (1789) inauguraron la era de los textos constitucionales modernos, el desiderátum de la igualdad pasó a tener una posición central en las sociedades humanas. Inicialmente, se circunscribió a la igualdad de derechos políticos que, en la práctica, afectaba exclusivamente a los varones con cierto estatus socioeconómico. Posteriormente, el concepto de igualdad se fue ampliando, hasta alcanzar un hito histórico en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. En su preámbulo se recuerda el compromiso de la ONU con “la igualdad de derechos de hombres y mujeres”, y en su articulado se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Art. 1) y que esos derechos se reconocen a todas las personas “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión […]” (Art. 2). Desde entonces, estos principios se han integrado en las normas jurídicas de los países con vocación democrática, como es el caso de la Constitución Española de 1978, que hace referencia a la igualdad como uno de los “valores superiores de su ordenamiento jurídico” (Art. 1), y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece que “la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas” (Art. 14.11) debe ser uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos. 

No obstante, antes de que la citada ley de igualdad recogiera el objetivo de propiciar un uso no sexista del lenguaje, ya existía en el seno del numeroso colectivo humano que habla y escribe en lengua española un debate al respecto, incluso en el ámbito de la lingüística. En este trabajo se hace un breve recorrido por algunos de los temas de ese debate, con el propósito de precisar qué se entiende por uso sexista del lenguaje y aclarar si el sexismo es una característica intrínseca de la lengua -en particular, de la española-o solo la consecuencia de un uso peculiar y, por tanto, susceptible de ser modificado; así mismo, se analizan someramente los problemas que suscita el uso del masculino genérico y los otros recursos de que dispone el español para una comunicación no sexista.

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Confieso que cuando era un niño de apenas 7 u 8 años tomé parte en una especie de campeonato de catecismo que algunos clérigos de fervor calenturiento organizaron en la diócesis de Gipuzkoa. Supongo que lo hice a instancias de quienes en la parroquia de mi barrio trataban de hacer de mí un buen católico, propósito en el que, dicho sea de paso, fracasaron rotundamente. Para los legos en la materia, conviene aclarar que el catecismo era un librito en el que se condensaba la doctrina católica en un sinfín de preguntas y sus correspondientes respuestas, que las criaturas de la época debíamos aprendernos de memoria. 

En el año en que me tocó participar quedé subcampeón o, dicho de otra forma, gané el 2º premio. Fue después de librar una reñida disputa con otros dos niños que también llegaron a la finalísima (ignoro si las niñas tenían su propia competición; en aquellos tiempos, se seguía a rajatabla que “entre santa y santo, pared de cal y canto”, incluso si se trataba de inocentes criaturas). El escenario de la prueba final acojonaba. Los tres niños debimos entrar, uno por uno, en un despacho siniestro, en el que había varios curas circunspectos vestidos con sotana (lo de los curas rojos vestidos de paisano todavía tardaría en llegar) que iban haciendo las preguntas, a las que había que responder exactamente lo que decía el librito, sin cambiar ni una coma. Quizás haya alguien que entienda ahora la famosa frase apréndete esto como si fuera el catecismo.  

Una de las preguntas más inquietantes que recogía el dichoso catecismo era ¿cuáles son los enemigos del alma?, a la que había que responder: los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. Para un niño de la época lo del demonio estaba claro, porque nos hablaban de él a todas horas; era el gran enemigo de un dios que, pese a ser todopoderoso, tenía que aguantar que anduviera por allí, tentando a sus criaturas y fastidiando su plan. Lo del mundo era bastante más confuso, aunque uno podía hacerse una idea de por dónde iban los tiros a nada que estuviera atento a lo que se decía en los partes (terminología bélica con la se denominaba popularmente a los espacios radiofónicos en que las autoridades de la dictadura distribuían las únicas noticias que podían escucharse en cualquier emisora no clandestina); en esos partes quedaba meridianamente claro que el mundo era todo lo que quedaba fuera de las fronteras de España y que, por supuesto, era un enemigo malísimo para cualquiera que tuviera alma. 

Del tercer enemigo en aquel tiempo conocía poco más que la versión carne de cocido, que es la que en los menús caseros venía después de la sopa con garbanzos. Entonces, cuando no sabía que acabaría siendo casi vegetariano, me gustaba lo suficiente como para no verle el lado pecaminoso. Aunque algo debía haber cuando no se podía comer los viernes de Cuaresma. Tardé unos cuantos años en descubrir el misterio de la carne de la que hablaba el catecismo, y unos pocos más en convencerme de que, dijeran lo que dijeran el dichoso librito y sus predicadores, no solo no era enemiga del alma, sino que era una de las mejores cosas para el cuerpo. 

Lo dicho hasta aquí debe entenderse sin perjuicio del debate sobre la otra carne, la que en estas fechas trae a maltraer al gobierno de España, especialmente si es de vacuno. Sobre la materia, sería interesante que, en este caso sin dogmas (ni ecológicos ni de los del otro bando) y a poder ser con criterios estrictamente científicos, se redactara un nuevo catecismo en el que se aclarasen las bondades y perjuicios de la carne, tanto para la salud como para la economía. En el librito sería necesario aclarar que esa carne no es, en principio, enemiga del alma, pero que seguramente es, a la larga, uno de los enemigos del mundo. Un mundo que, a estas alturas de la historia, ya no puede limitarse a lo que queda más allá de las fronteras de la aldea hispana. En lo que respecta al demonio, esta vez va a tener que pensar en hacerse vegetariano o, directamente, vegano, porque con la otra carne, la del catecismo de antes, ya no tiene apenas nada nuevo que rascar.

A decir verdad, han sido varias las páginas del libro en las que me he reencontrado con reflexiones interesantes. En una de ellas, recién iniciada la novela, la autora señala que el protagonista “no ha logrado un acuerdo con la vida, un acuerdo consigo mismo”, lo que le hace parecer un hombre sin esqueleto, porque “una ausencia completa de destino… es como andar sin huesos”. En otra, recoge una terrible sentencia: “con los años, las parejas se van llenando de pequeñas desilusiones, de divergencias del proyecto amoroso que creyeron entrever en la primera pasión, de fallos propios y ajenos, rendiciones, aceptación acomodaticia de sus egoísmos y su cobardía”, de forma que “el otro o la otra cada vez está más cerca en las rutinas pero más lejos en lo esencial, hasta llegar a convertirse, en ocasiones, en perfectos extraños”.

Con todo, la reflexión que, en este momento, me parece más oportuna es la que sugiere un complemento idóneo para las vacaciones de este segundo verano de pandemia: además del siempre recomendable aire libre y del inevitable reposo ante el televisor para ver las proezas y las frustraciones de los héroes y las heroínas del citius, altius, fortius (más rápido, más alto, más fuerte), no puede faltar la lectura de alguna novela. Porque las novelas son para el verano todavía más que las bicicletas y porque, además, es la forma de corresponder a los acertados designios del creador, ya que, como bien nos recuerda Rosa Montero en otra de las páginas de su libro, “Dios creó al hombre porque tenía necesidad de escuchar historias”. Y también a la mujer, claro.

Sr. Fernado Ónega:

Empecé a interesarme por la política leyendo artículos de Pedro Rodríguez (1935-1984) que se publicaban en un periódico local. Era un tiempo en que el periodismo político no clandestino era todavía de un azul intenso. Después, según avanzaban los años 70, se fue abriendo el abanico de opciones. Usted ya era entonces un referente. Todavía hoy escucho con interés sus comentarios radiofónicos matutinos y, a veces, también los nocturnos. Probablemente conoce usted como pocos los entresijos de la fontanería política del Estado español de los últimos cincuenta años. En particular, como persona próxima a Adolfo Suárez, fue un espectador privilegiado de los acontecimientos de la transición política en la que echó a andar el régimen del 78. 

Fue entonces cuando, según lo dispuesto por el dictador Franco, comenzó su reinado Juan Carlos I, que ahora está a punto de ser incluido, presuntamente con justa razón, entre el listado de impresentables que han ocupado el trono del reino de España. No sé si estará de acuerdo conmigo en que es difícil de creer que Felipe VI no supiera de las andanzas de su padre hasta marzo de este año, cuando quiso marcar distancias. Quien tiene acceso privilegiado a la información, como es el caso del jefe del Estado, no puede desconocer el alcance de las relaciones mantenidas por su predecesor en el cargo con soberanos de otros países. En particular con aquellos que le hicieron las sustanciosas donaciones que están en el origen de los delitos que ahora se le atribuyen. Lo anterior, incluso desde la poco creíble hipótesis de que no hayan existido confidencias entre padre e hijo sobre las peculiares relaciones del progenitor con monarcas de países petroleros que, además, constan como aliados o, cuando menos, amigos del Estado español.   

Ahora, tras el revuelo que ha causado la circulación de informaciones sobre las fechorías del padre, muchos han cerrado filas para defender al hijo. Incluso hay republicanos -por lo visto, más de eslogan que de convicción- que eluden cualquier debate sobre la forma de Estado: el asunto les produce vértigo. El principal argumento de los presuntos republicanos para ponerse de perfil es que, con la que está cayendo como consecuencia de la pandemia y tras la buena nueva de la llegada de dinero desde la Unión Europea, consideran que no es el momento de cuestionar la (falta de) idoneidad de que el jefe del Estado lo sea por herencia (sic) y no por decisión popular. Precisamente, para apuntalar su posición, quienes están de facto a favor de la continuidad de la monarquía -republicanos o no- recuerdan a menudo que fue el pueblo español en referéndum quien aprobó que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, que es lo que dice el artículo 3 de la Constitución. Y es entonces cuando, una y otra vez, me acuerdo de usted y de lo que públicamente ha manifestado al respecto. 

No hace mucho tiempo, cuando se celebraba el cuarenta aniversario de la entrada en vigor de la Constitución del 78, en los medios de comunicación se recordaba que en aquel momento era usted director de prensa de la presidencia del gobierno que ocupaba Adolfo Suárez. Y, al hilo de la efeméride, se le preguntaba sobre algunos detalles de la transición. Usted siempre ha sido discreto a fuer de periodista. Pero va cumpliendo años, y probablemente le pareció que, después de cuatro décadas y del grado de consolidación que se le presume a la democracia española, se podía permitir contar algunas anécdotas de la época (como su paternidad de la genial frase “puedo prometer y prometo” con la que Suárez ha pasado a la historia). En una de sus intervenciones le oí relatar cómo escamotearon al pueblo español la decisión sobre la monarquía. Ustedes (permítame que le incluya entre quienes manejaban entonces el poder) eran muy conscientes de que el modelo de Estado debía ser aprobado en referéndum. Pero tenían muchas dudas de que resultara ganadora la monarquía encarnada por un rey propuesto por Franco (a usted no hace falta recordarle que el heredero legítimo (sic) del trono de España era don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos l). Según explicó usted, su miedo tenía el origen en lo que decían las encuestas secretas que manejaban: si se sometía a votación la monarquía iba a ser rechazada por la mayoría republicana. Porque, en aquel momento, los grandes partidos republicanos no hubieran podido -ni probablemente querido- pedir el voto a favor de la pseudorreinstauración monárquica ideada por Franco (que, como usted bien sabe, fue dictador durante cuatro largas décadas tras haber dado un golpe de estado contra una república legítima). Y este fue el motivo por el que decidieron que la forma de Estado se aprobara camuflada como una parte del texto constitucional. 

En el mejor de los casos, llevaron a cabo en aquel momento una estrategia radicalmente despótica y en ningún modo democrática: lo mejor para el pueblo -según ustedes, la implantación de una democracia liberal con forma de monarquía constitucional-, pero sin dejar que el pueblo tomara su propia decisión que, como temían, muy posiblemente hubiera sido reinstaurar la república. Después se fueron sucediendo los acontecimientos (en particular el golpe de estado del 23F) y, como los comentaristas políticos acabaron diciendo, no es que con la llegada de la democracia la ciudadanía se hubiera vuelto monárquica, pero se había hecho mayoritariamente juancarlista. El rey Juan Carlos I, avalado ya por una constitución aprobada en referéndum, se había convertido en el gran valedor de la democracia y, por ende, de la restauración de la dinastía borbónica (como usted bien sabe, don Juan, su padre, ya había renunciado en 1977 a los derechos dinásticos que le correspondía legítimamente (sic) en favor de su hijo). 

Como ya he dicho, suelo escuchar a menudo sus análisis, pero no me consta haberle escuchado su parecer sobre la conveniencia de dejar hablar a la ciudadanía -¡por fin!- para ratificar o rechazar lo que ustedes decidieron en su nombre hace más de cuarenta años (porque ninguna encuesta ponía en duda que la Constitución iba a ser aprobada, con o sin monarquía camuflada). Es indudable que la monarquía no está en su mejor momento, y su prestigio se verá todavía más afectado si el anterior rey es condenado por los delitos que se le atribuyen. Al respecto, dado que vivió usted la génesis de la Constitución de 1978 desde una posición privilegiada, sería interesante saber cómo interpreta el artículo 56 del texto constitucional cuando dice que: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Al margen de reflexiones jurídicas más autorizadas y sobre todo más poderosas que la mía e incluso que la suya, no me negará que la única conclusión razonable es que el Rey no comete delitos solo cuando ejerce como jefe de Estado, porque como rey constitucional sus actos están siempre refrendados -por el presidente del gobierno, por los ministros o por el presidente del Congreso- y en tal caso los responsables son precisamente las personas que los refrendan (como especifica el artículo 64 de la Constitución). Convendrá conmigo que cualquier interpretación que diga que el rey no comete delitos cuando actúa por su cuenta y riesgo llevaría a concluir que la Constitución del 78 habría consagrado la figura de un Rey y jefe del Estado con características tan poco liberales como democráticas. Para avalar esta afirmación me remito a la opinión de Locke, considerado el padre del liberalismo político, que ya en el siglo XVII señalaba que para que una monarquía sea constitucional y no absolutista la Ley debe ser igual para todos, incluido el soberano (en este caso, el Rey). 

La forma en que supuestamente ha actuado Juan Carlos de Borbón, tanto cuando era rey como después e independientemente de que finalmente sea o no considerada delictiva por los tribunales, ha reducido a su mínima expresión el juancarlismo que, a juicio de muchos, ha sido el principal sostén de la monarquía desde la transición política. Ahora, en 2020, en el reinado de Felipe VI, tras la caída en desgracia de la figura de su progenitor, del que ha heredado la corona, ¿es la ciudadanía española monárquica o, en su defecto, suficientemente felipista? Para saberlo, tras décadas de democracia, ¿sigue siendo de recibo que, en aras a la estabilidad política, no se le permita tomar la decisión sobre la continuidad o no de la monarquía? 

No sé cuál es su opinión al respecto, pero, como colaborador y singular fedatario de lo acontecido cuando de forma sui géneris se implantó la monarquía en España, quizás debería levantar una lanza dialéctica a favor de que se devolviera al pueblo español el derecho que ustedes le usurparon a decidir sobre la materia. Sé que muchas personas tienen una interpretación histórica poco favorable a repetir la experiencia republicana. Pero, señor Fernado Ónega, con la mano en el corazón, dígame si cree que hay algún analista serio y razonable que, a estas alturas y con Juan Carlos alineado entre los reyes deshonestos, puede apostarse incondicionalmente por la continuidad de los borbones en la jefatura del Estado español. No sé lo que dicen al respecto las encuestas secretas. Seguro que usted lo sabe. Y, llegados hasta aquí, no tiene usted otros cuarenta años de plazo para contarlo ni yo para escucharlo. Por favor, si tiene algo que decirnos, hágalo ahora. Se lo debe a la Historia.

En este mundo de Internet y redes sociales en que vivimos, hasta la forma de ligar se ha impregnado de tecnología. Quien aspira a encontrar pareja de baile sube a la correspondiente aplicación su foto y la descripción de sus atributos más identificativos, revisa las ofertas que hay en el mercado, e inicia el cortejo a través del consabido “me gusta”. El método está lejos de los rituales románticos, pero para gustos están los colores. Un inconveniente de este nuevo modelo para revolotear de flor en flor es la posibilidad de que tras el perfil del hombre o mujer de nuestros sueños esté un bot hablador. Un ejemplar ad hoc de esos robots utilizados en informática para actuar en la red que nos haga creer que estamos chateando con una persona real. 

La existencia de bots en esas aplicaciones permite pensar en la posibilidad de que, entre las variantes de género que seguramente también existen en ese ámbito, por ventura o extraño sortilegio pudieran establecer contacto un bot macho y un bot hembra. Supongamos que entre ambos se inicia un idilio y que, siguiendo las pautas de la naturaleza cárnica a la que pretenden imitar, la cosa va a mayores. Dado el caso de que la relación fructificara y llegaran a tener descendencia, la pregunta que inmediatamente surge es si la nueva criatura sería un botijo. O una botija.