Negro sobre blanco  /  Escritos de un sindicalista

Teletrabajar en las administraciones públicasseptiembre 2021

Cuando se percibió la envergadura que tenía la pandemia ocasionada por la COVID-19, la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar el contagio entre los y las miembros de sus plantillas llevó a muchas empresas e instituciones públicas a ofrecer a sus trabajadores y trabajadoras la posibilidad de teletrabajar. Como consecuencia, la exigua cantidad de personas que lo hacían antes de marzo de 2020 experimentó un crecimiento significativo. Se empezaron a oír opiniones que proclamaban que el teletrabajo había venido para quedarse. Sin embargo, la posibilidad de que la crisis económica ocasionada por la pandemia acabase haciendo progresar la carpetovetónica visión de la organización del trabajo que hay por estas latitudes ha sido un espejismo. Al menos en las administraciones públicas.


Brindusa Anghel, Marianela Cozzolino y Aitor Lacuesta, de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, en su artículo “EL TELETRABAJO EN ESPAÑA” (Boletín económico, 2/2020), tras señalar que, según la Encuesta de Población Activa, en 2019 solo el 8,3% de las personas ocupadas trabajaban a distancia siquiera ocasionalmente, afirman que algunos sectores podrían verse favorecidos por la posibilidad de teletrabajar que ofrecen los avances tecnológicos. Entre estos sectores está la Administración Pública.  

El citado artículo, tras analizar el conjunto de los puestos de trabajo de la economía española, concluye que un 30% del total de trabajadores y trabajadoras podrían teletrabajar, al menos de manera ocasional. En el caso de las administraciones públicas, al margen de las características intrínsecas de cada puesto de trabajo, una de las condiciones que favorecen la implantación del teletrabajo es la alta cualificación académica de buena parte de sus plantillas. Esto lleva a concluir que el porcentaje global de dichas plantillas que podría teletrabajar, sin menoscabo del servicio público, podría situarse por encima del 30%, sobre todo entre quienes realizan tareas de carácter más técnico y/o administrativo.  

Pero, al parecer, los argumentos expuestos chocan con la forma en que ven las cosas las sesudas mentes que (supuestamente) organizan el trabajo en las administraciones públicas. Una prueba de ello es la decisión del Gobierno del Estado de reducir a un solo día a la semana la posibilidad de que sus trabajadores y trabajadoras teletrabajen. Se basa para ello en el descenso de la incidencia de la pandemia y en la buena marcha de la campaña de vacunación, es decir, en variables que no tienen nada que ver con la posibilidad de mantener o incluso aumentar el rendimiento del personal de la Administración General del Estado susceptible de teletrabajar.  

En evidente que con planteamientos como el citado, que propugna un desfasado presencialismo y parece conceder como contrapartida un día de teletrabajo a la semana, a modo de “pago en especie”, se cierra la ventana de oportunidad que la pandemia había abierto al teletrabajo como forma de organizar las administraciones públicas de forma más adecuada a los retos de la nueva modernidad: mejores oportunidades para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; menor utilización de los medios de transporte; reducción de gastos, tanto para los y las trabajadoras como para la entidad empleadora, etcétera. 

Otras administraciones públicas también han tenido en cuenta la mejora de las cifras de la pandemia y de la vacunación para volver a los más rancios criterios de gestión del personal. Así, por ejemplo, alguna de cuyo nombre prefiero no acordarme, ha colocado también en el 30% (curiosamente el mismo porcentaje al que se hace referencia en el artículo elaborado por los/as técnicos/as del Banco de España) el tope máximo de personas que pueden teletrabajar. Pero, han tenido la ocurrencia de hacer el cómputo de dicho tope máximo en el ámbito de cada unidad administrativa, sin acudir a ningún criterio de eficiencia global que tuviera en cuenta las funciones y tareas llevadas a cabo por cada trabajador o trabajadora.  

Por cierto, la citada estrategia del “30% máximo” es previa en el tiempo a la decisión del Gobierno del Estado de conceder solo un día de teletrabajo a sus empleados y empleadas, en tanto que en la innombrada administración existe la posibilidad de que sean hasta dos días a la semana. ¿Qué pasará cuando los artífices del plan tomen conciencia de que hay otra administración pública que es todavía más presencialista? Hay quien opina que, en cuanto puedan, rectificarán a la baja su magnanimidad. También hay quien dice que se limitarán a proclamar que su estrategia, lejos de ser una concesión arbitraria e indiscriminada, pretende dar respuesta a las circunstancias laborales y personales de cada trabajador o trabajadora. Siempre, claro está, que no se supere el cupo del 30%, no vaya a ser que en algunos centros de trabajo haya a menudo demasiadas sillas vacías. Porque en las administraciones públicas las apariencias siempre son importantes.

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