Negro sobre blanco  /  Las tesis del aitona

A propósito de la prisión permanente revisablemarzo 2018

Me parece una deformación mercantilista que la única forma que ha encontrado la sociedad para compensar a una persona por un problema ocasionado por otra sea traducir a dinero el mal causado. La opción de compensar económicamente a la víctima llega a parecerme obscena si las consecuencias del daño causado son una enfermedad, una pérdida anatómica o la muerte. No obstante, debo confesar que no se me ocurre ninguna solución mejor para concretar de manera tangible el desiderátum de hacer justicia. Una sensación similar de frustración intelectual me produce que, además de las multas, casi la única alternativa que maneja la sociedad para responder a quienes trasgreden las leyes es traducir la gravedad del delito cometido en años de cárcel. Aunque debo reconocer que tampoco para esto se me ocurre una alternativa mejor (salvo las que hace tiempo que viene inventando el juez de menores Emilio Calatayud).

En cualquier caso, una vez aceptadas las limitaciones para evaluar las consecuencias del mal causado por unas personas a otras, lo que tiene un intríngulis merecedor de un sofisticado algoritmo es la fijación de la cantidad exacta de dinero o de años de prisión que corresponde al daño sufrido o al delito cometido (no sería mala idea recurrir a la ciencia para diseñar y establecer una fórmula de evaluar y actualizar el algoritmo que permita realizar el cálculo).

Respecto a los delitos, hay algunos crímenes que resultan especialmente execrables a la mayoría de la gente. A mí me producen un singular rechazo aquellos en los que existe una agresión física directa y la víctima es alguien sensiblemente más débil (un niño o una niña, una persona anciana o discapacitada, una mujer). Este rechazo aumenta cuando el agresor o la agresora somete a la víctima a algún tipo de tortura (tenga o no la muerte como resultado). Sobre esta materia, al hilo de ciertas agresiones singularmente tenebrosas, expuse mis reflexiones en Abusos sexuales.

En mi opinión (que reconozco que es más visceral que racional), hay delincuentes que nunca deberían recuperar el derecho a moverse libremente por la sociedad. En ciertos casos, porque no hay nadie que garantice, sin ningún resquicio de duda, que no van a reincidir; en otros casos, incluso si está prácticamente asegurado que no van a volver a reincidir, porque no es razonable que el ejercicio de su libertad les lleve, por ejemplo, a vivir en el mismo entorno en el que lo hacen las víctimas o sus familias (salvo que estas manifiesten que están de acuerdo en ello). En consecuencia, estoy en contra de la puesta en libertad de quien tiene probabilidades de volver a delinquir gravemente y, por otro lado, estoy a favor de poner limitaciones al grado de libertad de determinad@s delincuentes, incluso después de que hayan cumplido su periodo de estancia en la cárcel. Desde mi punto de vista, nada de lo anterior entra en colisión con el principio de que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.

A ciencia cierta, no sé si lo expuesto debería llevarme a estar a favor de la prisión permanente revisable. Pero no me apunto a la fórmula si se defiende en los términos planteados en el reciente debate parlamentario, en el que fue utilizado como principal argumento el dolor y el deseo de justicia de familiares de víctimas. Cada uno vive con sus convicciones y sus contradicciones, pero en el actual estado de la cuestión líbreme el demonio de Munilla de posicionarme del lado de los señores y las señoras de la derecha española -la vieja y la nueva- que propugnan la susodicha alternativa. Claro que el papelón parlamentario de la vieja izquierda tampoco anima mucho a subirse al carro. Habrá que atenerse a otros y mejores argumentarios.

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