Negro sobre blanco  /  Las tesis del aitona

Control de calidadfebrero 2016

Cualquier proceso de producción que se precie debe tener establecido un procedimiento que garantice que el producto generado cumple cierto nivel de calidad. Este requisito también es válido si el producto final es un documento. En efecto, quienes plasman el resultado de su trabajo en un escrito deben tener establecido un modus operandi que asegure que la versión definitiva de lo redactado dice lo que se pretende que diga y que lo dice de una forma razonablemente correcta e inteligible.


El control de calidad de un texto no tiene, en teoría, demasiada enjundia: consiste en que alguna persona se tome el trabajo de revisarlo concienzudamente antes de darlo definitivamente por bueno. Sin embargo, es demasiado habitual que un documento se difunda y que luego se compruebe que, además de fallos mecanográficos o de redacción, tiene omisiones, añadidos o errores de bulto que modifican de forma relevante lo que se pretendía expresar.

Hay un par de ejemplos recientes que ilustran lo bochornoso que puede llegar a ser meter la pata al dar el visto bueno a la versión definitiva de un texto y que ponen en evidencia a quienes deberían haberse ocupado del control de calidad. Ambos casos se han producido en el contexto de la elección de Presidente del Gobierno de España.

El primero se produjo cuando el PSOE hizo pública la propuesta que presentaba a los demás partidos políticos para negociar el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Cuando la primera versión del citado documento ya se había distribuido (o, al menos, estaba ya en poder de algunos medios de comunicación), alguien se dio cuenta de que sobraba una frase.

Parece obvio que, desde que se dio por bueno su contenido hasta que se distribuyó la primera versión del documento, nadie se tomó realmente en serio lo de realizar el control de calidad. Es un problema que suele ocurrir, sobre todo, cuando no hay una persona concreta que se ocupe de hacerlo y la responsabilidad queda diluida entre quienes han participado de una u otra forma en la confección del documento.

La frase que dio lugar a que hubiera una segunda versión del documento era el final del párrafo en el que se hacía referencia al propósito de implantar el modelo de Estado Federal que el PSOE viene predicando desde la noche de los tiempos y que nunca nadie ha conseguido saber exactamente en qué consiste. La susodicha frase decía que la implantación del nuevo modelo de Estado se llevaría a cabo “siquiera mínimamente”.

(Al respecto de la frase de marras, cabe una anécdota que no se si es atribuible al equipo redactor de la primera versión, a algún o alguna periodista de “La Sexta” o es sólo un producto de mi mente calenturienta. El caso es que la información sobre la diferencia entre la primera y la segunda versión del documento fue expuesta por la citada cadena de televisión poniendo en pantalla la dichosa frase sobrante, la cual vi o creí ver escrita en los siguientes términos: si quiera mínimamente.)

El segundo ejemplo corresponde al pomposamente denominado ACUERDO PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y DE PROGRESO suscrito por el PSOE y Ciudadanos. Después de que Iñigo Errejón denunciara que el texto recogía el abaratamiento del despido y tras un largo rato de pataleo y de acusar a PODEMOS de mentir al respecto, los redactores del documento no tuvieron más remedio que reconocer que habían metido la gamba y que efectivamente en la redacción del texto se les había colado un vergonzante abaratamiento del despido.

Es otro ejemplo flagrante de falta de control de calidad. Y esta vez por partida doble, porque el acuerdo había sido elaborado por dos equipos negociadores, cada uno de los cuales debería haberse ocupado de que el documento recogiese con exactitud lo que pretendían acordar.

En uno y otro de los casos reseñados se podrán alegar atenuantes o excusas: que el tiempo apremiaba, que se acabó a las tantas de la madrugada o que incomprensiblemente nadie se dio cuenta de los fallos a pesar de que los textos se leyeron y releyeron. Pero son errores que dicen bien poco del rigor de quienes han confeccionado los documentos y que ponen de manifiesto cierta tendencia a la chapuza. Quienes, al menos en teoría, aspiran a gobernar no pueden ir dejando tras de si un tufillo de falta de fiabilidad.

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