Negro sobre blanco  /  Opinatorio

Acogidas y raptosfebrero 2023

Según el María Moliner, acoger es “admitir una persona a otra en su casa o en su compañía, para hospedarla, o para protegerla o ayudarla”; raptar es “secuestrar a una persona cualquiera, particularmente a un niño”; y, para clarificar la anterior definición, secuestrar es “llevarse y retener a una persona contra su voluntad, generalmente para obtener dinero por su rescate”.


A finales de diciembre de 2022, la Diputación Foral de Gipuzkoa mostró públicamente su reconocimiento a las familias que tienen a menores acogidos/as en sus casas, y recordó a la sociedad guipuzcoana que todavía hay niños y niñas esperando la oportunidad de ser acogidos/as. Detrás de este mensaje está la idea de que, en general, para los y las menores es mejor crecer y educarse en el seno de una familia que en alguno de los centros o pisos de acogida financiados y supervisados por la institución foral. Reconforta saber que en la DFG se considera que la acogida familiar es la mejor opción para esos/as menores, porque no siempre ha estado claro entre quienes tomaban las decisiones al respecto o influían en ellas. Me consta.

Es diversa la casuística que lleva a un o una menor a estar tutelado/a por la administración pública. Hay casos en que se trata de menores inmigrantes que no tienen familia por estas latitudes; en otras ocasiones, son las propias familias de origen las que, por motivos diversos, lo solicitan, a menudo con la intención de que la acogida sea solo temporal; y, sin duda, las situaciones más delicadas son aquellas en que la propia administración es la que decide que un o una menor sea apartado/a de su familia, por considerar que no se dan las condiciones mínimas para garantizar su bienestar.

Este último es el caso de la niña de tres años que desapareció tras llevar apenas dos días bajo la tutela de la DFG y que, al parecer, fue sustraída por su madre biológica y por la pareja sentimental de esta. Al menos, en estos términos se informaba del asunto en NIUS, donde se añadía que, al dar cuenta de lo sucedido, la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, había subrayado que "estamos hablando de una persona menor de edad en desprotección" y que, por tanto, hay que "ser muy cuidadosos con la información que se traslada públicamente al respecto". Sobre el particular, caben serias dudas sobre si al referirse al suceso otros medios de comunicación fueron suficientemente comedidos con las palabras utilizadas: “Rapto de un menor en Donostia” (DIARIO VASCO); “Raptan en San Sebastián a un menor de tres años tutelado por la Diputación” (LA VANGUARDIA); “Investigan el secuestro de un menor tutelado en San Sebastián” (LA RAZÓN); “Orden internacional de búsqueda a la madre que ha secuestrado a un menor tutelado” (Diario de Sevilla).

Independientemente de la forma en que el asunto haya sido tratado por los medios, es muy importante que la DFG se haya posicionado de forma pública e inmediata en el caso de la desaparición/sustracción de la niña. Lo es, sobre todo, por el bienestar de la niña, pero también porque cuando la DFG pide la colaboración de familias guipuzcoanas para acoger a menores les debe garantizar que, si alguna vez se llegara a producir la desaparición/sustracción de ese niño o niña que se convertirá en su hijo o hija de acogida, la institución va a actuar de manera contundente. Porque en el pasado no siempre ha sido así. Me consta.

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