Negro sobre blanco / Opinatorio
Migrantes legalesseptiembre 2023
En un reciente debate académico sobre las características actuales de la globalización y los movimientos migratorios, una participante concluía su exposición denunciando que solo “una ínfima parte” de las personas que migran consiguen establecerse y vivir dignamente en sus lugares de destino. La utilización de un baremo cualitativo para referirse a esta situación lleva a reflexionar sobre la falta de datos cuantitativos, suficientemente contrastados, acerca de los procesos migratorios.
Una de las causas de esta falta de datos es el alto grado de imprecisión que suelen tener los registros demográficos de los países de origen de los/as migrantes. Pero la parte más relevante del problema radica en el estatus de semiclandestinidad en que deben permanecer muchos/as migrantes -los/as despectivamente denominados/as “ilegales”- en el lugar de destino, obligados/as a buscar ingresos para subsistir en el sector informal de la economía, es decir, en la que no se pagan impuestos ni se cotiza a la Seguridad Social.
Esta situación laboral y social -y la consiguiente marginación estadística a la que son sometidas muchas personas migrantes- contrasta con algunas previsiones que suelen hacerse sobre la necesidad imperiosa que tiene la envejecida Europa de contar con la inmigración para nutrir su mercado de trabajo. Un ejemplo cercano: José Luis Escrivá, ministro en funciones de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, ha señalado reiteradamente la necesidad de que en el Estado español haya un saldo migratorio de varios cientos de miles de personas, cada año y hasta 2050, para, entre otras cosas, cuadrar las cuentas de la reforma de las pensiones.
En este estado de cosas, la pregunta es si estas previsiones se las explican a los/as cónsules de las embajadas españolas y a los/as funcionarios/as que tramitan los expedientes y, por tanto, ejercen de filtros para frenar las expectativas de los y las migrantes legales. No solo ponen trabas burocráticas desde una falsa superioridad moral, sino que, a menudo, se sacan de la manga argumentos con escasa o nula base legal para denegar los visados. El principal de esos espurios argumentos suele ser que los/as solicitantes de los visados no tienen los suficientes motivos (sic) para regresar a su país de origen, incluso si se trata de personas cualificadas a las que el visado otorgaría unas expectativas razonables de permanecer “legalmente” en España. Todo esto cuando ni la derecha política más extrema se opone, en teoría, a la migración “legal”. La incoherencia no tiene límites.