Negro sobre blanco  /  Reflexiones de un estudiante de “letras”

Escocia y la Unión Europea2014

Escocia –como Catalunya Euskadi– es una nación a la que el devenir de la historia no propició que se convirtiera en Estado-nación, sino que formara parte del Reino Unido, que es el Estado plurinacional que integra a EscociaGalesInglaterra Irlanda del Norte. La forma en que los británicos entienden la política y la reconocible voluntad democrática del gobierno del Reino Unido han permitido que la nación escocesa haya podido votar para decidir si Escocia seguía formando parte del Reino Unido o se organizaba como Estado independiente.


La posición de la Unión Europea ante el referéndum escocés ha puesto de manifiesto su inmadurez política. En efecto, mientras que el proceso escocés se ha conducido en todo momento por cauces democráticos ejemplares y los argumentos utilizados por los partidarios de una u otra opción pueden considerarse razonables, la estructura y los mecanismos de decisión de la Unión Europea han hecho que los hombres y las mujeres que componen la nación escocesa hayan tenido que tomar su decisión bajo la amenaza de ser excluid@s de su condición de ciudadan@s de la Unión Europea (lo eran desde 1973), si se pronunciaban a favor de crear el nuevo Estado escocés.

Hubiera sido una referencia democrática y un ejemplo de savoir faire para generaciones posteriores que los habitantes de Escocia hubieran podido votar desde la convicción de que iban a ser tratados como europeos y ciudadanos de la Unión Europea que son, tanto si seguían formando parte del Reino Unido como si se organizaban como Estado independiente.

Si el gobierno de la Unión Europea tuviera respecto de los estados miembros la independencia que a estas alturas debería tener y que, si el proceso de integración europea no se malogra antes, deberá acabar teniendo, en procesos como el de Escocia (que antes o después se van a volver a producir) le correspondería llevar a cabo dos funciones básicas.

Por un lado, el gobierno de una organización supraestatal como la Unión Europea debería ocuparse de señalar y facilitar el camino a seguir por el potencial nuevo Estado para integrarse o, mejor, reintegrarse a dicha organización a la mayor brevedad y con la menor cantidad de sobresaltos. Por otro lado, y sobre todo, el gobierno de la Unión Europea debería ser el responsable de establecer cauces para que dichos procesos se hicieran sin menoscabo de la europeidad de los habitantes de esas naciones sin Estado -como Escocia- y con la garantía de que, cualquiera que fuera la decisión en el referéndum, iban a seguir siendo, en todo momento y a todos los efectos, ciudadanos de la Unión Europea. Aunque, claro está, esto necesitaría de la existencia de un estatus de ciudadano europeo no supeditado a poseer la ciudadanía de uno de los estados miembros, que es como el asunto se resuelve (?) en este momento.

Con todo, los mecanismos políticos del Reino Unido y la postura de su gobierno han quedado como referentes para otros estados y gobiernos que tienen sobre la mesa asuntos similares, ya que hay algunos que no parecen proclives a aceptar algo tan elementalmente democrático como es que el conjunto de individuos que forman una nación sea convocado por sus representantes políticos elegidos democráticamente a votar libremente sobre la forma de organizarse políticamente en el futuro, dentro o fuera del Estado del que han formado parte hasta ese momento.

A la vista de cómo se han formado los estados en Europa (los viejos y los nuevos, porque 23 de los 48 que son considerados políticamente europeos han nacido o renacido en el siglo XX), llama la atención que muchos políticos -y quienes los secundan- quieran imponer a toda costa que el mapa político se haga fijo para siempre cuando se adecua a “suidentidad nacional, mientras se olvidan de que a las reivindicaciones pacíficamente planteadas hay que darles cauces democráticos para expresarse.

Y, desde el máximo respeto al maestro Sócrates y para tranquilidad de D. Arturo Pérez-Reverte (léase “Recordando a Sócrates”; XLSemanal de 7 de diciembre de 2014), no se trata de trasgredir la Ley porque los integrantes de un grupo social de cualquier índole se pongan de acuerdo en hacerlo, sino de que la máxima jurídica Dura lex, sed lex no esté reñida con que la Ley se actualice de forma adecuada para que la discusión sobre las soberanías no sea como la del sexo de los ángeles ni acabe como la de Dios es Cristo.

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