Negro sobre blanco  /  Reflexiones de un estudiante de “letras”

Francia: un Estado con la legitimidad erosionadamayo 2020

Max Weber (1864-1920), en su obra Sociología del poder. Los tipos de dominación, señala como fuentes de legitimación del Estado: la tradición, el carisma y la racionalidad-legalidad. En este último caso, los individuos entienden que acceder al ejercicio de la autoridad conforme a lo señalado por el ordenamiento jurídico (legalidad) confiere legitimidad para tomar decisiones y dar órdenes; la obediencia se despersonaliza: no está asociada a personas concretas, sino a instituciones políticas, que son las que garantizan que las leyes sirven para conseguir los fines adecuados (racionalidad).

Un reciente trabajo académico invitaba a reflexionar sobre un Estado cuya legitimidad hubiera sido puesta en entredicho en la actualidad. Para ello no es necesario remitirse a estados cuasifallidos o a aquellos que, desde el eurocentrismo habitual, son despectivamente considerados repúblicas bananeras. Aquí al lado, en pleno corazón de Europa, la legitimidad del Estado francés no pasa por el momento más boyante de su historia.

Al respecto, quizás conviene recordar que, como dice Max Weber, hay que distinguir entre el ejercicio de “un poder” o el tener “influencia sobre los demás” de la legitimidad que conlleva “una mínima voluntad de obedecer, es decir, un interés -material o espiritual- en obedecer” por parte de aquellas personas sobre las que se ejerce el poder o la influencia. También es interesante tener en cuenta que, como señala Albert Batlle Rubio (2017), “La legitimidad en el sentido más fuerte del término implica no solo no intentar el derrocamiento de la autoridad, sino la obligación de obedecer las decisiones, las normas y las leyes del Estado”.


Francia es un Estado cuya legitimidad tiene su origen en la legalidad y la racionalidad sobre la que se sustenta la Quinta República Francesa, desde 1958. En ese año fue aprobado en referéndum el texto constitucional, promovido por el entonces primer ministro Charles de Gaulle, conocido como la Constitución de la Quinta República.

Las protestas de los “chalecos amarillos” (en adelante, chalecos), iniciadas contra el impuesto sobre los carburantes, o la huelga contra el proyecto de reforma de las pensiones son ejemplos del desafío de las políticas promovidas por el gobierno francés y Emmanuel Macron, actual presidente de la República Francesa. En el caso de las pensiones, la oposición a la reforma ha sido protagonizada por los directamente afectados, respaldados por los sindicatos; en la movilización de los chalecos, la composición de los grupos sociales implicados es menos precisa, ya que las reivindicaciones afectan a amplios estratos de la población. 

Además de la repercusión mediática, las encuestas han puesto de manifiesto que ambas movilizaciones han contado con el apoyo de una parte importante de la población, especialmente significativo en el caso de los chalecos. En efecto, como señalan Rafael Cereceda y Joël Chatreau en su artículo Rebelión de los chalecos amarillos: ¿Quiénes son y qué quieren? (diciembre 2018; es.euronews.com): “Las últimas encuestas cifran en 72% el apoyo después de los incidentes de París”.

Esto lleva a pensar que, sobre todo en el caso de los chalecos, detrás de las reivindicaciones subyacen planteamientos políticos de mayor alcance: una crítica hacia la autoridad legítimamente establecida que va más allá de un desafío ante políticas concretas. Elie Cohen y Gerard Grunberg, en La doble singularidad de la cultura política francesa (enero 2020; El País, Agenda Pública) sugieren que los chalecos han hecho suya la idea de los revolucionarios de 1789 de “dar legitimidad a la intervención directa del pueblo en el funcionamiento de los poderes públicos, fragilizando así el régimen representativo y privilegiando la democracia directa”.

Desde esta hipótesis, el apoyo popular a los chalecos, que han manifestado “desconfianza absoluta hacia el poder elegido democráticamente y le han negado toda legitimidad”, permite concluir que en la sociedad francesa hay latente un desafío de la comunidad política. En este caso, son las clases populares las que impugnan la legitimidad de quienes dirigen el Estado, ya que consideran que las autoridades representan a las élites económicas. Como recuerdan en su artículo Cohen y Grunberg (miembros del Centre national de la recherche scientifique), una de las primeras decisiones de Macron tras su llegada al Palacio del Elíseo fue rebajar los impuestos a las grandes fortunas.

Un indicador de la crisis de legitimidad del Estado francés es que, en las últimas elecciones presidenciales francesas, hubiera candidatos que reclamaran la necesidad de una sexta república.

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