Negro sobre blanco  /  Reflexiones de un estudiante de “letras”

La alargada sombra del Ogromarzo 2018

La muerte violenta nunca hay que tomársela a broma. Ni siquiera en el caso de la Operación Ogro, cuando el muerto es un tirano como Carrero Blanco (sin olvidar que también murieron otras dos personas). Pero no es de recibo que una ciudadana fuera condenada a un año de prisión y siete de inhabilitación por difundir a través de Twitter chistes sobre el espectacular atentado. Cassandra Vera ha sido finalmente absuelta por el Tribunal Supremo tras enmendar la plana a la Audiencia Nacional, corrigiendo la forma en que este tribunal había interpretado la ley. No es la primera vez que ocurre ni seguramente será la última. Porque, aunque el quid del asunto es la existencia de leyes que amenazan la libertad de la ciudadanía, es notorio el papel de la Audiencia Nacional en la interpretación antidemocrática y extemporánea de esas leyes.


Algunas interpretaciones de las leyes realizadas por la Audiencia Nacional sobre supuestos delitos relacionados con el terrorismo (sic) no tienen desperdicio: publicar chistes, representar teatro de marionetas o cantar rap serían algunos ejemplos, que podrían formar parte del guión de una película de los Monty Python, si no fuera porque hay personas que han pasado por la cárcel o pueden acabar en ella. Hay otros ejemplos menos mediáticos pero igualmente dramáticos, como el caso de unos jóvenes, cuyo único delito fue compartir piso con posibles implicados en acciones de kale borroka, que debieron declararse culpables para atenuar la sentencia y evitar ir a la cárcel. Hubo un tiempo en que episodios como este eran parodiados en ¡Vaya semanita! No sé si ahora sería posible hacerlo sin provocar las iras de la Audiencia Nacional.

Como recuerda la propia página web del Consejo General del Poder Judicial: “La Audiencia Nacional tiene su sede en Madrid y es un órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo un Tribunal centralizado y especializado para el conocimiento de determinadas materias que vienen atribuidas por Ley. Fue creada en virtud de Real Decreto Ley 1/1977”. Es, por tanto, un tribunal especial (a juicio de personas expertas, heredero del Tribunal de Orden Público de infausto recuerdo) y, por su origen temporal, es también un tribunal predemocrático (cuando se crea, en enero de 1977, todavía no se habían realizado las primeras elecciones de la democracia) y, obviamente, preconstitucional.

Much@s de quienes vivimos de cerca la transición tuvimos el alma dividida entre el pragmatismo de la reforma (que, sin perjuicio del ruido de sables y a la vista de los resultados de las elecciones, contaba con el apoyo de la mayoría de la población) y la ilusión de la ruptura (un desiderátum congelado para siempre en el tiempo). Y hay también quienes han postulado la existencia de una conspiración gatopardista encargada de llevar a cabo el “atado y bien atado” atribuido al dictador, uno de cuyos máximos exponentes era, precisamente, Carrero Blanco, mano derecha y sucesor in pectore de Franco.

Han pasado los años e irremediablemente algún@s, como dice la canción de Pablo Milanés, nos hemos ido poniendo viej@s. Mientras tanto, otr@s más jóvenes han cogido el relevo de proclamar nuevos/viejos ideales, que pretenden, otra vez, hacer frente a los actualizados viejos usos de la vieja época de la dictadura. En cualquier caso, a la vista de la trayectoria de algunas insignes instituciones, como es el caso de la Audiencia Nacional, me temo que hay que concluir que la sombra del Ogro es alargada.

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