El blog de Javier García Aranda

La Constitución de 1978 institucionaliza un sistema de partidos con el objetivo de dar estabilidad política al nuevo régimen. Sin embargo, la inicial democracia de partidos acaba degenerado en una partidocracia, con partidos que funcionan sin control democrático y de espaldas a la sociedad. En efecto, los viejos partidos han utilizado el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas para controlar los cargos públicos desde los aparatos y, al tiempo, se han procurado una abundante financiación tanto legal como, en demasiados casos, fraudulenta.

Como respuesta a esa crisis de representación, los nuevos partidos han predicado el voto directo de militantes y afiliados para la elección de cargos internos y de candidatos a cargos públicos (aunque el PSOE fuera el primer partido en realizar primarias), así como para la toma de decisiones estratégicas. Todo ello, como preludio de un cambio del sistema electoral que devuelva protagonismo democrático a la sociedad.

Los nuevos partidos tratan, así mismo, de huir del posicionamiento ideológico derivado del eje izquierda-derecha. Este planteamiento ha sido utilizado por Podemos (con el consiguiente conflicto interno derivado de su confluencia electoral con IU), que plantea su dialéctica en el eje “arriba-abajo” (la casta o la trama vs el pueblo llano). Distinto es el caso de Ciudadanos que, tras surgir en Cataluña para oponerse al soberanismo independentista, pasa al ámbito político estatal con vocación de ocupar el centro político.

Un elemento relevante del cambio de sistema de partidos es que los promotores de los nuevos partidos han entendido a la perfección la relevancia de los medios de comunicación en la esfera pública (entendida como el espacio en que se genera la opinión pública), así como el papel de las redes sociales como espacios de discusión y deliberación para la formación de preferencias electorales entre los sectores más jóvenes de la población. Los nuevos partidos parecen tener claro que el ideal democrático es más factible si los procesos políticos se realizan bajo el escrutinio de los medios de comunicación, en un claro posicionamiento a favor de la implantación de una democracia de audiencia.

A partir de las elecciones autonómicas de 2015, se pone de manifiesto la existencia de un nuevo sistema de partidos en el que, además del tradicional eje ideológico izquierda-derecha, surge un nuevo eje de confrontación: la vieja política versus la nueva política. En este nuevo sistema de ejes, los partidos se posicionan en una diagonal, en uno de cuyos extremos está el PP (el más a la derecha y el más aferrado a los usos de la vieja política) y en el otro está Podemos (el más a la izquierda y con posicionamiento más radical en cuanto a los cambios institucionales).

Con este nuevo sistema de partidos se pone en marcha un nuevo recuento de bloques electorales: por un lado, PP y Ciudadanos (derecha) versus PSOE y Podemos (izquierda); por otro; PP y PSOE (vieja política) versus Ciudadanos y Podemos (nueva política). Sin olvidar el impacto de las formaciones de la nueva política en comunidades autónomas con bloques nacionalistas significativos: Ciudadanos, segunda fuerza política en Cataluña (por delante de PSC y PP), y Podemos, tercera fuerza en Euskadi (por delante de PSE-EE y PP).

El nuevo sistema de partidos tiene similitudes con el surgido de las elecciones de 1977. También entonces AP y PCE eran identificados con el pasado, mientras que UCD y PSOE (que ocupaban el centro ideológico), se identificaban con el nuevo tiempo. En aquel momento, la victoria electoral de los partidos considerados renovadores fue aplastante. Sin embargo, en 2015, los viejos partidos, PP y PSOE, han conseguido respectivamente mayor % de votos que los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos.

La conclusión más inmediata es que, a diferencia de lo que ocurría en la transición a la democracia, en esta segunda transición la sociedad está menos a favor del cambio institucional en profundidad. Sin embargo, cabe otra interpretación de los resultados electorales, si se tiene en cuenta el cambio socio-demográfico que ha experimentado la sociedad española en estas cuatro décadas.

En efecto, si se tiene en cuenta, por un lado, que el PP y PSOE, por ese orden, tienen el perfil de votantes de mayor edad y que Podemos-IU y Ciudadanos, por ese orden, tienen un perfil de votantes mucho más joven y, por otro lado, que la pirámide de edades de la sociedad española ha sufrido un notable envejecimiento, se puede concluir que, si la distribución de edades fuera similar a la de 1977, se produciría un mayor equilibrio entre los bloques de la vieja y la nueva política (como ya existe entre los bloques de derecha e izquierda).

No obstante, para captar en su globalidad la relación entre la edad y las preferencias políticas hay que tener en cuenta la relación que existe entre la composición socio-demográfica del electorado y los ciclos políticos.

En el periodo de tiempo dominado por los partidos de la vieja política, la llegada al gobierno, tanto del PSOE como del PP, ha estado apoyada por el voto de los sectores más jóvenes. Actualmente, los partidos de la vieja política tienen un electorado envejecido y los partidos de la nueva política son apoyados por los sectores sociales más jóvenes. Por tanto, el actual reparto de votos por edad corresponde a un periodo de fin de ciclo. El freno para culminar el cambio de ciclo es que el país va envejeciendo paulatinamente y que sus clases pasivas son cada vez más numerosas.

Al respecto, es ilustrativo comprobar que los viejos partidos tienen una alta dependencia electoral de las clases pasivas (pensionistas y amas de casa, cuya posición de clase depende de su relación con las políticas sociales), en tanto que los nuevos partidos sustentan sus resultados electorales en las clases activas (sobre todo, las nuevas clases medias y demás clases asalariadas, cuya posición de clase depende de su situación en el mercado de trabajo).