Negro sobre blanco  /  Reflexiones de un estudiante de “letras”

La verdad jurídicaoctubre 2020

La verdad jurídica es “aquella que emerge al final de un juicio en forma de sentencia” (Carlos Berbell y Yolanda Rodríguez; Confilegal, 2016).


Discutibles intentos de elevar el derecho al rango de disciplina científica han motivado que haya quien defienda que la verdad jurídica es una verdad científica por el mero hecho de que la investigación de los hechos se realice siguiendo un método. Sin embargo, carece del requisito fundamental para serlo: aceptar ser solo una explicación provisional, que permanece vigente mientras no exista una mejor versión, más ajustada a la verdad material, que es como llaman los juristas a lo que realmente ocurrió en el asunto que se juzga. Y no se cumple dicho requisito porque, incluso si una sentencia es recurrida hasta las más altas instancias, el objetivo final del proceso no suele ser necesariamente descubrir la verdad material, sino solo obtener una versión definitiva e inapelable de la verdad jurídica

Hace tiempo que muchas de las vidriosas polémicas que inundan el patio de Monipodio que es la vida política del Estado español acaban en los tribunales de justicia. Una vez que el asunto queda en manos de los jueces, entre quienes defienden el statu quo se ha hecho costumbre predicar que lo importante es respetar las decisiones del supuestamente independiente poder judicial. Pero, tras las recurrentes citas a lo que nunca dijo Montesquieu, lo que realmente se pone en evidencia con este discurso es que hay demasiados actores políticos y mediáticos que renuncian a que prevalezca la verdad -que es lo que interesa a la gente de a pie-y se adhieren, a priori e incondicionalmente, a la verdad jurídica que resulte del proceso judicial. De esta forma, la verdad se convierte en un mero desiderátum imposible de lograr o, todavía peor, en un objetivo innecesario: la verdad jurídica se erige en la única verdad alcanzable. 

Lo peor del asunto es que hay ocasiones en que lo que recoge la sentencia no es más que el resultado de retorcer la ley hasta que se logra que diga lo que los magistrados correspondientes consideran que tiene que decir. Y a nadie se le escapa que los asuntos que causan mayor controversia social acaban siempre en los tribunales de más alto rango, cuyos miembros han sido designados con criterios políticos e ideológicos, según las cuotas de representatividad de los partidos políticos, que actúan como espónsores que patrocinan a magistrados de los que esperan obtener el correspondiente retorno. Como consecuencia, son demasiadas las veces en que la ciudadanía es condenada a no esperar que se esclarezca la verdad y a tener que conformarse con la verdad jurídica, ante la que solo queda el recurso a contrastarla con la posverdad nuestra de cada día.

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