Negro sobre blanco / Reflexiones de un estudiante de “letras”
Trump, Bartlet y la democracianoviembre 2016
En su última visita oficial a Europa, el presidente Obama ha declarado que la democracia en EEUU es más grande que cualquier persona. Y es verdad que los EEUU están dotados de un imponente sistema político democrático. Aunque también tiene vericuetos que invitan a reflexionar sobre los principios en los que se sustenta y sobre los procedimientos con los que se lleva a la práctica. Allí y aquí, desde las particularidades de la elección del nuevo presidente electo Trump hasta las sugerentes reflexiones del televisivo presidente Bartlet, el legado político de la Grecia Antigua que seguimos llamando democracia sigue planteando interrogantes.
Hay quien piensa que la democracia está sobrevalorada. Sobre todo la que se sustancia mediante el voto directo. Aquella que Rousseau llamaba voluntad general y a la que, según él, no cabía oponer ni siquiera la razón. En esa tesis, lo único que vale es lo que decide la mayoría: sólo gana aquel, aquella o aquello que obtiene la mitad más uno de los votos. No obstante, según cómo esté montado el tinglado electoral, puede ser que se invista como ganador a quien no haya obtenido la mayoría del voto popular. Es el caso del republicano Trump, presidente electo de EEUU, que, como a estas alturas todo el mundo sabe, ha obtenido unos cientos de miles de votos menos que la candidata demócrata.
Esto es debido al peculiar funcionamiento de la democracia estadounidense. En efecto, el presidente es elegido formalmente por un Colegio Electoral integrado por 538 electores (estando por medio el ínclito Trump, conviene aclarar que pueden ser hombres o mujeres de cualquier raza, religión o etnia). Estos son elegidos de forma que el partido político del candidato que obtiene el mayor número de votos en cada estado se apunta la totalidad de electores de ese estado (cuyo número varía en función de la población). El partido republicano de Trump y Pence, candidato a vicepresidente, ha conseguido 306 electores.
En teoría, los 306 electores republicanos no están obligados por ninguna ley a votar a la candidatura de su partido. Por tanto, alguien podría pensar que, hasta que los electores de cada estado se reúnan y emitan su voto, todavía hay partido. Sin embargo, la realidad es que, desde que en 1789 fuera elegido George Washington, la práctica totalidad de los electores ha votado al ticket electoral de su partido: hay un mandato imperativo para hacerlo, ya que en la papeleta con la que se vota en cada estado y que sirve para elegir a los electores aparecen expresamente los nombres de los candidatos o candidatas a la presidencia y la vicepresidencia.
Así que no hay más cera que la que arde: aunque muchos notables de su propio partido hayan estigmatizado al candidato durante la campaña y se hayan desmarcado de sus promesas y amenazas, los electores republicanos seguirán la tradición y cumplirán con la liturgia democrática ratificando a Trump como presidente y a Pence como vicepresidente.
El asunto invita a reflexionar sobre los pros y contras de la democracia directa, en la que cada votante emite su voto y gana la mayoría (aunque en el caso del presidente de EEUU la elección sea un tanto indirecta), y de la democracia representativa, en la que se eligen representantes para que sean las personas elegidas quienes tomen decisiones.
En lo que respecta a la democracia directa, hay países en los que, además de elegir directamente al Jefe del Estado o al del Gobierno, hay muchos asuntos que son sometidos a decisión popular; mientras que hay otros en los que sólo de vez en cuando se consulta la opinión de la ciudadanía (es el caso de España, donde, dada su escasez, cada referéndum se convierte en un hito histórico). En todo caso, es evidente que pretender que todas o la gran mayoría de las decisiones sean tomadas directamente por el conjunto de personas afectadas, ya sea en referéndum o, en su caso, mediante votación en una asamblea, lleva a la inoperancia a cualquier comunidad o colectivo mínimamente numeroso o complejo.
No obstante, la versión más asamblearia de la democracia directa ha sido y es defendida por muchas personas y organizaciones como la expresión más genuina de la democracia. El procedimiento tiene pedigrí, ya que era utilizado en Atenas, considerada la cuna de la democracia. Además, no cabe duda de que tiene su razón de ser, siempre que el procedimiento se utilice con prudencia, garantías y cierta excepcionalidad (o sea, no todos los días, ni para cualquier asunto). No obstante, dejando al margen lo poco participativas que eran las asambleas atenienses (a las que sólo asistía un porcentaje mínimo de la población), a nada que haya personas con derecho a votar que no tengan las mismas posibilidades materiales que otras de tomar parte en las asambleas, el procedimiento puede acabar siendo poco democrático.
También la democracia representativa tiene sus intríngulis. Quizá su punto más conflictivo es aquel que da lugar a la eterna discusión sobre si las personas elegidas como representantes deben limitarse a cumplir con el mandato imperativo de quienes las han elegido. Es lo que ocurre en el Colegio de electores made in USA, pero de igual forma se podría entender que los y las representantes elegidos, por ejemplo, para el Parlamento español o el vasco están también obligados por un mandato imperativo: el que les obliga a ser fieles a sus programas electorales, que, en teoría, es un compromiso formal adquirido con quienes les otorgan su voto.
Además de la obligación de cumplir con sus promesas electorales -a menudo no satisfechas con la excusa de la razón de Estado o de argumentaciones macro alejadas del electorado-, otra cuestión es si las personas elegidas están legitimadas para tomar decisiones en materias para las que no han sido expresamente mandatadas; y si, en caso de tomar esas decisiones no previstas en sus programas-compromiso, deben hacerlo en conciencia y justificar la decisión ante su electorado o pueden atenerse, sin mayores reparos, a la disciplina de los órganos de su partido (en esta materia hay casos cercanos, recientes y elocuentes).
Una relevante y todavía vigente opinión sobre la materia es la del británico Burke (1729-1797), uno de los máximos exponentes del conservadurismo liberal, que defendía que los parlamentarios (varones, claro, porque en su tiempo no se permitía a las mujeres meterse en esas lides) debían tener un mandato representativo no imperativo. Según su criterio, cada parlamentario debía ser considerado representante de toda la nación y, como tal, deliberar con el resto de representantes electos para tomar las mejores decisiones para el conjunto de la nación. O sea: los electores votan, y luego se atienen sin rechistar a lo que decidan las y los elegidos, que para eso están donde están.
En cualquier caso, dadas las intrínsecas limitaciones procedimentales de la democracia directa (al menos por el momento; aunque desconocemos el alcance que sobre la materia pueda tener la progresiva informatización de la vida pública) y, al mismo tiempo, la necesidad perentoria de elegir representantes, sería deseable que se buscaran las fórmulas más adecuadas para elegir a las y los mejores. En buena lógica, ese debería ser el objetivo, sea cual sea el procedimiento electoral mediante el que se ejercite la democracia representativa y sean cuales sean las normas legales o consuetudinarias que rijan su posterior ejercicio.
Aunque me temo que para fusionar las esencias y procedimientos de la democracia con la supuesta bondad de elegir a los y las mejores existe un problema: el concepto de democracia -gobierno del pueblo- se ha hecho con un prestigio entre los pueblos del mundo, y además se asocia con el ejercicio de la libertad; sin embargo, lo de la aristocracia -el gobierno de los y las mejores- a mucha gente le suena a rancio y le resulta sospechoso. Y no les falta razón, habida cuenta que, en la mayor parte de las sociedades, la igualdad de oportunidades para lograr estar entre los y las mejores es más teórica que real.
No obstante, dada la imperiosa necesidad de elegir personas que nos representen, propiciar fórmulas que permitan elegir a las y los mejores parece un buen desiderátum. Al menos para sugerir hacia dónde debe orientarse el electorado cuando esté pensando a quién votar y, también, para subrayar cuál debería ser el reto de quienes se postulen como elegibles.
Claro que, dado que en la base de cualquier forma de democracia está la ciudadanía -el pueblo o demos-, siempre quedaría una cuestión por resolver: ¿están todas y todos quienes tienen la facultad de votar a la altura de lo que exige el ejercicio de la democracia?
Al respecto, uno tiene en la memoria el episodio de El ala Oeste de la Casa Blanca en que el presidente Bartlet (encarnado por Martin Sheen), aquejado de una enfermedad leve, se ve obligado a permanecer en sus aposentos, lo que le lleva a ver programas de televisión inusuales en su agenda. Cuando uno de sus colaboradores entra en su habitación, el presidente está viendo un reality show de esos que hacen que uno no dé crédito a que ciertos personajes existan en la realidad. En ese momento, entre la sorna, la perplejidad y la desolación, el presidente Bartlet se dirige a su colaborador y, refiriéndose a los y las protagonistas del programa televisivo, le pregunta a ver si aquellos especímenes también tienen derecho a votar. O sea, lo que más de uno y una nos preguntamos algunas veces en nuestro caminar por el mundo.