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Administración pública y deporte: reflexiones ante una relación basada en el interés común1991

Administración pública y deporte 2014

Como señalo en la Breve historia de la vida pública de jga, en mi primera etapa como técnico de deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoael reto fundamental era convertirme en un buen profesional de la gestión del deporte en la administración pública”. Cuando fui invitado a participar en las Jornadas de gestión pública deportiva celebradas en 1991, en Las Rozas (Madrid), elaboré un breve compendio de reflexiones relacionadas con mi actividad profesional. El texto fue posteriormente publicado por la revista Dirección Deportiva que editaba el Centro de Estudios Deportivos de Sports Quality International.


Reflexiones

«La diversidad de nuestras opiniones no procede del hecho de que unas sean más razonables que otras, sino tan sólo del hecho de que conducimos nuestros pensamientos por vías diversas y no consideramos las mismas cosas». (R. Descartes, Discurso del Método)

Que nadie pretenda encontrar aquí una tesis doctrinal sobre las relaciones entre los poderes públicos y el deporte, ni un recetario que resuelva los interrogantes de la intervención en el deporte desde la administración. Lo que sigue no son más que algunas reflexiones, suscitadas por las experiencias como profesional de la dirección deportiva en la administración Pública, sobre diferentes facetas de la gestión del deporte. Ninguna experiencia ajena puede sustituir a la reflexión personal, y si el contenido de este documento logra invitar a ella a sus lectores, aunque sus conclusiones fuesen diametralmente opuestas a las aquí argumentadas, podrá darse por bien empleada su redacción.

El interés común

«El deporte se nos ha mostrado desde siempre, o por lo menos se nos ha querido mostrar, como una actividad, primero, autónoma, y, después, alejada de toda bandería política» (L. M. Cazorla Prieto, Deporte y Estado).

La observación del fenómeno social que constituyen las diferentes facetas del deporte de finales del siglo XX aconseja dejar de lado interpretaciones históricas sobre la bondad intrínseca de la auto-organización del deporte, ajena a la intervención de la sociedad en su conjunto a través de sus instituciones.

El reconocimiento público de desviacionismo hecho por los hasta hace poco denominados Países del Este acerca de sus políticas deportivas no hace sino avalar la opinión de que es inapelable la voluntad de los poderes públicos de intervenir en el deporte. Ello, aun reconociendo la falta de idoneidad de algunas o muchas de las fórmulas utilizadas para dicha actuación y la ineficacia de ciertos instrumentos para conseguir una correcta promoción y organización del deporte (todo ello suponiendo que existiera una forma inequívoca de consenso para determinar lo que es y no es correcto).

No hace falta recurrir a la casuística para analizar el hecho desde la óptica del otro miembro de la pareja, el deporte, y para coincidir en que hace tiempo que abandonó la confianza en sus exclusivas fuerzas, para demandar insistentemente la colaboración, sobre todo económica, de las Instituciones Públicas, que, no lo olvidemos, son el vehículo para canalizar, en este caso hacia el deporte, recursos generados por la sociedad en su conjunto.

Precisamente, el último y en cierto modo novedoso canto por la independencia del deporte surge desde la irrupción del profesionalismo moderno, en una faceta de la práctica deportiva que circunscribe su ámbito a aquéllos que hacen del deporte su profesión y que, de alguna manera, han venido a sustituir a los aristócratas que se reservaban como clase la práctica del deporte de élite en los albores del olimpismo moderno.

Puede concluirse, aunque sea más como elección intuitiva que como fruto de una rigurosa argumentación, que sólo visiones parciales y, a menudo, intereses personales que no coinciden con los de la sociedad en su conjunto - ni con los del deporte como fenómeno social surgido de esa sociedad- pueden negar el mutuo interés de la administración Pública y del deporte por mantener una estrecha relación, que proporcione a este último un estatus adecuado e, incluso, preferencial, como actividad de ocio, salud, educación, espectáculo, recreación ... o de cuantas acepciones queramos asignarle.

Legitimación y eficacia: administración pública versus empresa

«Toda ciencia que se hace con honestidad científica vale. Sin embargo, no sucede lo mismo con la política de acción. Una organización deportiva bien aplicada a los requerimientos de la sociedad y a las necesidades humanas de su tiempo es altamente provechosa. Pero una organización estructurada a partir de fines desfasados, de tópicos faltos de confrontación rigurosa, puede resultar nefasta para la sociedad de su tiempo» (J.M. Cagigal, Cultura intelectual y Cultura física).

Nadie puede poner en duda la legitimidad de las Instituciones Públicas de un sistema democrático para intervenir sobre el devenir del fenómeno deportivo, ni tan siquiera desde el posicionamiento más reduccionista de atribuir a la administración pública tan sólo la capacidad de hacer normas y de dar dinero. (No sería poca tarea para la administración encontrar fórmulas adecuadas para elaborar un entramado normativo y un sistema eficaz de transferencia de medios económicos)

Pero, no nos acerquemos a analizar la forma en que la administración pública se interesa por el deporte desde la idea de que la administración es, puede ser o debería ser «una empresa» (1), que tiene que comportarse como tal y a la que le son aplicables los mismos criterios de eficiencia y eficacia que a ésta.

La administración pública (del deporte) es un vehículo, no recambiable, de traslado de la voluntad de la sociedad (hacia el deporte), a través de sus instancias de poder político o administrativo, que posee características y procesos propios e incomparables a cualquier otra faceta productiva: el carácter de sus empleados (políticos/ funcionarios), el timing (elecciones), la legalidad específica...

Lo que sí es opinable es la forma en la que la administración pública debe gestionar sus recursos. En esto de poner en marcha mecanismos que devuelvan a la sociedad, con eficacia, los bienes y servicios producto de los recursos en poder de la administración pública vale todo. Cualquier sistema de gestión, con o sin intermediarios de fuera de la Administración (cualquiera que sea el estatus jurídico de éstos), que permita conseguir los objetivos planteados por los poderes públicos, puede ser válido.

A los empleados al servicio de la administración pública corresponde elegir la fórmula más adecuada de entre las posibles, y si el sistema elegido permite, a su vez, desarrollar estructuras o procedimientos cuya potenciación pueda redundar, a medio o largo plazo, en beneficio intrínseco para la materia sobre la que se actúa, en este caso el deporte, no cabrá duda de que la elección es la correcta.

Tan sólo debe ponerse un límite inequívoco: el respecto activo por la legalidad, por los derechos individuales y colectivos de las personas y entidades afectadas, sin el fácil recurso de la administración a “que recurran y que me lo demuestren en los tribunales», que no es más que prepotencia reaccionaria.

Todo ello, aunque, a veces, resulte menos económico, ya que huyendo de que “el fin justifica los medios” podemos encontrar que, muchas veces, “el objetivo es menos importante que el camino para alcanzarlo”, sobre todo cuando de gestionar deporte desde la administración pública se trata.

El entramado normativo.

«Es muy corriente en los ambientes del deporte la siguiente visión: el deporte es un cuerpo que tiene vida propia y se regula por unas normas muy peculiares; se podría llamar...«complejo de isla» o «corporativismo deportivo» (L. M. Cazorla Prieto, Deporte y Estado).

En un estado moderno de derecho, una actividad tan trascendental como el deporte no puede escapar a la intención de normar de las diferentes instancias con capacidad para ello.

En un Estado de las Autonomías como el nuestro, esta voluntad legítima de todos de intervenir en el deporte puede alcanzar, y alcanza, tintes dramáticos, al menos para los que pensamos que una correcta articulación normativa, realizada con escrupuloso respeto al reparto competencial que corresponde a cada institución, es fundamental para un desarrollo coherente del deporte.

Quizá sea ahí, en el reparto de competencias, de donde nacen, a todos los niveles, las inconcreciones a la hora de normar y lo que es, en cierto modo, todavía más grave: la multiplicidad de actuaciones para ocuparse de una misma faceta o actividad deportiva. Basta mirarla ambigüedad con que suelen quedar reflejadas, tanto en las normas de carácter general como en las específicamente deportivas, los aspectos competenciales referentes al deporte para entender que, al final, todo queda en las buenas voluntades de unos y otros, y en esto suele haber sus problemas ¡incluso si son del mismo partido!.

Administración central y administraciones autonómicas, gobiernos autónomos y diputaciones, éstas y ayuntamientos, todos a la greña para ocuparse de lo más bonito del deporte, y si además resulta barato, ¡mejor que mejor! Ya que parece irresoluble el que de algunos aspectos del deporte nadie quiere dejar de ocuparse, que quede claro que alguien debe ocuparse también de las otras cosas.

Las Subvenciones.

« Un príncipe prudente debe imaginar un modo por el cual sus ciudadanos, siempre y en cualquier circunstancia, tengan necesidad del Estado y de él: así siempre le serán fieles» (N. Maquiavelo, El Príncipe)

Parece que lo de dar dinero es una capacidad que nadie discute a la Administración Pública para con el deporte.

No es fácil conformar una política subvencional en materia deportiva: ¿hay que subvencionar al que tenga más ingresos, más gastos, o al que genera más déficit?; ¿hay que tener en cuenta los aspectos económicos de lo subvencionado o su relevancia en términos deportivos?; ¿hay que subvencionar a todos o sólo a los que actúen de acuerdo a las directrices o para conseguir los objetivos marcados por el “subvencionante”?; ¿hay que subvencionar a los segmentos especiales de la sociedad, o eso es un tema de “los de Bienestar Social”?; ¿se debe subvencionar a entidades con fines de lucro?

No es nada fácil establecer criterios justos de concesión de subvenciones, pero vale más un exiguo e imperfecto sistema prefijado y, en lo posible, transparente de subvenciones, que la arbitrariedad mejor intencionada.

Estructura deportiva municipal: los «pensantes».

«El drama actual del deporte es que los estudios serios que sobre él se hacen no son conocidos, no ya por la masa de aficionados, sino por la gran mayoría de informadores, ni siquiera por los dirigentes deportivos ni políticos responsables. Aquí la ignorancia no se queda en la masa, sino que invade esferas de altos responsables». (J.M. Cagigal, El deporte en la sociedad actual).

Cuando nos referimos a la intervención en el deporte desde la administración pública en general no hacemos justicia a los ayuntamientos. Las normas, las grandes directrices, los grandes recursos económicos están en la órbita de unas instituciones, pero los que al final hacen el deporte desde la administración son, indiscutiblemente, los ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que se encuentran con el día a día, los que no encuentran en quien «delegar» o, si lo hacen, no les basta con publicarlo en el correspondiente boletín oficial.

Como instituciones públicas de base, deben ser -o, mejor, continuar siendo- elementos esenciales en la ordenación de un fenómeno social, como es el deporte, ante el cual la sociedad en su conjunto, en este caso a través de los ayuntamientos, puede y debe intervenir, por el bien del propio deporte. Como ostentadores de esa directa representación de los ciudadanos, los ayuntamientos no deben inhibirse ante la asunción de la dirección del deporte en el ámbito municipal: deben erigirse en “directores deportivos” del municipio.

Para ello, no reivindiquemos macroestructuras que pretendan hacerlo todo. El ayuntamiento puede hacerse cargo directamente de aquello que sea capaz de hacer bien. Pero, cuando menos, debe asumir el papel de dirigir, de coordinar, de arbitrar, y para ello necesitará de políticos que sepan hacerse cargo del deporte y de empleados-técnicos-dirigentes que puedan hacer de “pensantes”.

Una vez que los políticos y los “pensantes” saben lo que quieren para el deporte de su municipio, que han tomado las decisiones que requiere la dirección deportiva que ostentan, es el momento de que, en función de lo que el entorno demande en cada caso, según su mejor entender y lo que sus reflexiones aconsejen, se delegue aquella parcela de la gestión que otros pueden hacer mejor y, por qué no decirlo, es posible que más barato. Deléguese, si así se considera más adecuado, en clubs, centros escolares o entidades mercantiles, ¡pero sin trampa!, sin ilegalidades, sin subterfugios presupuestarios, sin contabilidades amañadas que hagan parecer oro todo lo que reluce.

Sólo con un talante abierto al progreso, una voluntad decidida de hacer de la Administración Pública algo eficaz y un escrupuloso respeto a la legalidad y la veracidad se podrá hacer una buena “dirección deportiva municipal”, delegando mucho, poco, o sin delegar.

Equipamientos: planificación en clave deportiva.

«Queda fuera de toda duda la enorme importancia que tiene el tema de las instalaciones deportivas en relación a la política deportiva...» M. García Ferrando, Aspectos Sociales del deporte).

Uno de los elementos sustanciales de la intervención de la Administración Pública en el deporte y que, generalmente, supone una parte sustancial del presupuesto dedicado a la materia deportiva (o, al menos, debería serlo) es la dotación de equipamientos deportivos o, más en concreto, la construcción de instalaciones deportivas.

No puede entenderse una aportación económica hecha desde la Administración Pública sin garantía de un uso potencial de la instalación por toda la población de su ámbito de influencia (sin entrar a valorar aquí la posibilidad de que su titularidad no sea necesariamente pública o cuál debe ser la fórmula de gestión).

Existen varias observaciones sobre el tratamiento de las intervenciones en materia de equipamiento deportivo que suscitan, en el caso de muchos pueblos o ciudades de una cierta entidad, una serie de comentarios que conviene señalar:

  • Las repercusiones de toda índole que tiene cualquier decisión en materia de equipamientos deportivos hacen necesaria la conjunción de diversos criterios al respecto: políticos, urbanísticos, sociológicos..., así como una aportación sustancial de un análisis del tema realizado en lo que podemos denominar clave deportiva, de forma que, con los límites razonables desde el punto de vista económico y del bien común, sean estas determinaciones hechas en clave deportiva las que, de alguna manera, prevalezcan sobre las demás y marquen la pauta sobre las necesidades de equipamiento deportivo.
  • Las experiencias en materia de planes de acondicionamiento o construcción de equipamientos deportivos de cierta entidad deportiva, económica, urbanística... aconsejan la creación de un área de trabajo o estructura profesional estable que se ocupe de su desarrollo global, con adscripción a los centros de decisión del área deportiva, en coherencia con el carácter predominante que reclamamos para el análisis en clave deportiva (2).
  • La necesidad de que exista un único canal de toma de decisiones sobre equipamientos deportivos (y también en materia deportiva en general), como garantía de que las decisiones de intervención en el tema se produzcan coherentemente con la política deportiva general y con una visión de futuro del hecho deportivo municipal.

Hechas estas observaciones, conviene señalar la importancia que tiene contar con un plan de intervención en materia de instalaciones deportivas. Un procedimiento elemental para obtener los déficits de un determinado tipo de instalaciones es comparar las dotaciones existentes de tal tipo de instalaciones con un cálculo teórico de las necesidades a cubrir en un supuesto plan de actuación. Posteriormente, condicionantes de tipo económico, urbanístico, e incluso de orden deportivo, limitarán las posibilidades reales del plan, el cual, si pretende tener una validez real, deberá tener una determinada previsión de desarrollo en el tiempo.

Este primer plan de carácter general, cuyas características formales pueden ser muy diversas, se irán trasladando a la realidad en base a proceso de “puesta en marcha de un determinado equipamiento o instalación deportiva y cuyo resultado final modificará, a buen seguro, las previsiones del plan inicial, dando lugar a un ajuste de este. De esta forma, por acomodaciones sucesivas del plan de carácter general inicialmente concebido y en base a decisiones reales, se irá conformando un plan de actuación dinámico que, sin dejar de ser respetuoso con la planificación en el tiempo y con las previsiones económicas realizadas en un primer momento, podrá ser un instrumento de trabajo válido para la toma de decisiones en la materia.

(1) “...no ha podido lograrse aún, ni en la doctrina ni en la legislación, un concepto unitario de empresa (...) no puede hablarse de la empresa (...) sin hacer referencia a la magnitud beneficio...” (Enciclopedia Larousse ). (2) No debe entenderse que se proclama la supremacía de los criterios de «deportistas» a la hora de decidir actuaciones en materia de equipamiento deportivo. Entiéndase el término clave deportiva en sentido amplio, como el análisis realizado desde esa óptica por profesionales de diversa índole que, eso sí. entienden de deporte, sin perjuicio de las decisiones finales en materia urbanística o de inversiones que, lógicamente, deben corresponder a las instancias políticas correspondientes.
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