¡Oh deporte!  /  Pensando el deporte

Deporte y medios de comunicación1992

2014

Al comienzo de la liga de fútbol 1992-93, el Atlético de Madrid que presidía Jesús Gil y Gil impedía a periodistas el acceso al estadio Vicente Calderón y exigía a sus respectivas empresas el abono de un canon para permitirles informar in situ sobre los partidos que disputara su equipo de fútbol profesional (al parecer, los periodistas se vieron obligados a comprar las correspondientes entradas y cubrir la información desde las gradas).

Derecho a la información versus derechos de los clubes y sociedades anónimas deportivas sobre los espectáculos deportivos protagonizados por sus equipos. La polémica estaba servida. Y de maestro de ceremonias oficiaba el señor Gil y Gil. En el fragor de esta batalla se redactó el texto que se adjunta, aunque nunca llegó a ver la luz pública: el enfrentamiento dialéctico era tan visceral que no había sitio para posiciones eclécticas. 

Por cierto, al comenzar la temporada 2011-2012 es la Liga de Fútbol Profesional la que ordena a sus integrantes que no permitan la entrada de las radios a los estadios, hasta que estos medios de comunicación accedan a abonar el correspondiente canon. Curiosamente, como muestra de que el fútbol profesional es un permanente generador de paradojas (por decirlo de una manera fina), el único club que en ese momento permite entrar a su estadio a los periodistas radiofónicos es el Sevilla.

¿A que no adivinan quién era el presidente del Sevilla? ¿A que no saben en qué municipio trabajó dicho presidente en unos asuntos que le han llevado al trullo? ¿A que no aciertan quién había sido antes alcalde de ese municipio? Sigan la pista del canon y tendrán las respuestas.


El contencioso entre una incipiente sociedad anónima deportiva, el Atlético de Madrid, y los medios de prensa y radio está generando un río de análisis y comentarios, en muchos casos extremadamente apasionados, como corresponde a un conflicto en cuyo epicentro se encuentra D. Jesús Gil y Gil, cuyas estrategias acostumbran a ser heterodoxas y cuyas formas ignoran, en muchos casos, la diplomacia más elemental.

De entre los argumentos esgrimidos para deslegitimar la posición del Atlético de Madrid entresaquemos dos: el primero hace referencia a la defensa del derecho a la información, mientras que el segundo, más pragmático, pretende poner de relieve que la prensa y la radio aportan a la S.A.D. como consecuencia de su labor informativa tanto o más que lo que obtienen de ella. Reflexionemos sobre estas dos líneas argumentales.

Con todo respeto a opiniones más autorizadas en la materia, permítaseme calificar el derecho a la información, tal y como se entiende hoy en día, como una consecuencia de la valoración que la sociedad otorga a los medios de comunicación, identificados como el cuarto poder. El tratamiento jurídico-legal del citado derecho a la información y sus consecuencias en la vida social no parece un asunto sencillo, a juzgar por las continuas controversias que suscita, que parecen descolocar permanentemente a los otros tres poderes clásicos identificados por Montesquieu.

Esta problemática encuentra parangón, precisamente, en otro fenómeno social de primer orden, como es el deporte en su vertiente de espectáculo. Como referencia, basta constatar las dificultades surgidas en el tratamiento del deporte en el proceso de estructuración europea (donde la libre circulación de profesionales choca con los cupos de jugadores extranjeros implantados en las ligas profesionales) y el derecho paralelo impuesto por organismos deportivos internacionales, que prohíben el acceso de clubs y deportistas a los tribunales ordinarios de justicia para defender sus derechos.

Estamos, pues, cuando nos referimos a los medios de comunicación y al deporte espectáculo, ante dos genuinos productos de la sociedad actual, que una y otra vez se escurren de las manos a las estructuras tradicionales de poder cuando tratan de regularlos.

A los jueces y legisladores les espera una ardua tarea, pero difícilmente el derecho a la información saldrá bien parado con los profesionales de prensa y radio ejerciendo su función en las gradas del Vicente Calderón o de cualquier otro estadio, rodeados de lógicas incomodidades, tras pasar por taquilla y por el control de entrada con sus útiles de trabajo.

Quizá merezca la pena ahondar en el segundo argumento, el de la valoración de lo que se aportan, indudablemente de forma recíproca, el deporte espectáculo y los medios de comunicación. Parece asumible que el disfrute de determinados servicios ofertados a los medios de comunicación en las instalaciones que acogen los espectáculos deportivos (como son, por ejemplo, las cabinas de retransmisión) sean objeto de compensación económica a las entidades organizadoras del espectáculo por parte de los medios de comunicación. Este aspecto, que está inequívocamente en la línea de facilitar y dignificar el derecho a la información, parece un buen punto de arranque.

Medios de comunicación y deporte profesional, representados en este caso por las empresas de prensa y radio y las sociedades anónimas deportivas del fútbol -independientemente de que el litigio haya surgido con el Atlético de Madrid-, están condenados a entenderse, negociando directamente sus legítimos intereses y aspiraciones, sin esperar a que sus conflictos los resuelvan parlamentos y tribunales.

Ambos deberán reconocerse mutuamente el relevante y hasta insustituible papel social que desempeñan y buscar un punto de encuentro. Proceso que, como en todas las negociaciones, exige importantes esfuerzos de imaginación y, siquiera eventualmente, colocarse en la piel del otro, aunque ésta sea la del Sr. Gil y Gil.

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