El blog de Javier García Aranda

Sr. Amancio Ortega:

A estas alturas casi todo el mundo sabe que es usted el prócer de Industria de Diseño Textil S. A., multinacional más conocida como Inditex y, sobre todo, por su buque insignia, ZARA. Al parecer, es usted el empresario español que más dinero gana y una de las personas más ricas del mundo. Como consecuencia, la forma en que su compañía actúa en el mercado de trabajo o se relaciona con las administraciones públicas es un referente a tener en consideración.

Hace pocas fechas, a pesar de la discreción ante los medios de comunicación con que usted conduce su vida, su nombre ha saltado, de nuevo, a la palestra por obra y gracia de que la Fundación Amancio Ortega ha realizado una multimillonaria donación, destinada a financiar equipamientos para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Por este motivo, tanto sobre la donación como sobre su figura empresarial se han producido numerosos posicionamientos, a favor y en contra, desde variados enfoques ideológicos y argumentales.

A mí me parece bien que haya personas, empresas, fundaciones o entidades de cualquier índole que hagan donaciones a organizaciones no gubernamentales o a las propias administraciones públicas (siempre, claro está, que se trate de donaciones de verdad, no de las del 3% o del porcentaje que esté vigente en el mercado de la corrupción). Y también me parece correcto que esas donaciones sean incentivadas con desgravaciones fiscales, incluso si la razón para realizarlas no es meramente altruista, sino que obedece a alguna estrategia de imagen personal o corporativa o, dicho sea con todo respeto, se hacen por ganarse un sitio más confortable en el paraíso con el que la religión de quien promueve la donación compense las buenas obras.

De acuerdo a lo anterior, no queda otra que aceptar de buen grado los fondos que su fundación destina a mejorar la vida de las personas. Sin embargo, también hay que entender el mosqueo de quienes asocian la donación realizada con la prestación de un servicio público que se sospecha que podría no llevarse a efecto si no existiera esa aportación económica extraordinaria.

No obstante, las suspicacias ante la prestación de determinado servicio público no son privativas de este caso concreto, ya que, en un Estado con un nivel económico como el español, es difícil que no haya dinero para financiar cualquier servicio público; lo que no suele haber es presupuesto suficiente como para costear todos los servicios públicos que a juicio de unos u otras se consideran necesarios.

Por tanto, Sr. Amancio Ortega, convendrá usted conmigo en que lo que de verdad indigna a mucha gente es que, mientras hay tantas y tantas personas a las que no les llega para vivir, haya otras -como es su caso- que ganan desorbitadas cantidades de dinero y tienen enormes patrimonios.

Desde que la idea de cuestionar la legitimidad del derecho a la propiedad privada fuera equiparada a negar la libertad de los individuos, se estigmatiza y se ignora a quien pretenda poner sobre la mesa cualquier reflexión de fondo sobre el asunto. Ha ocurrido en los peores momentos de la reciente crisis económica, cuando voces poco sospechosas de estar en contra de la libertad han reclamado, en vano, la refundación del capitalismo, o cuando el propio papa Francisco ha afirmado, en su encíclica LAUDATO SI´(2015), que “La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada”.

Hay consenso casi unánime en que tanto los salarios y las pensiones como las prestaciones sociales y los servicios públicos en general deben mantenerse dentro de ciertos límites razonables para que la economía y el conjunto del sistema social se mantengan en equilibrio. Sin embargo, se considera fuera de lugar reclamar que, en justa reciprocidad y en aras a apuntalar dicho equilibrio social, se pongan límites a las ganancias y a los patrimonios de los que más ganan y tienen. Y si alguien se atreve a hacerlo es inmediatamente tachado de enemigo de la libertad, de peligroso izquierdista radical y de obstaculizar que las empresas creen puestos de trabajo.

A tenor de lo expuesto, me temo que usted y sus empresas seguirán ganado mucho dinero. Más dinero que el que a muchos nos parece razonable, incluso desde la evidencia empírica de que crean empleo y de que la Fundación Amancio Ortega hace sustanciosas donaciones.

No obstante, no quisiera dejar pasar la ocasión sin exponerle mi opinión sobre algunas condiciones sine qua non para poder seguir aceptando de buen grado el innegable aspecto positivo que tiene el que sus empresas sigan creando empleo y el que su fundación siga haciendo donaciones.

En primer lugar, a pesar de los pesares ideológicos que me acarrea la supuesta legitimidad sin límites de la propiedad privada, me quedaría algo más tranquilo con sus ganancias si las condiciones de trabajo de las personas que trabajan para usted -contratadas directamente o por empresas auxiliares- fueran las adecuadas. Y, si usted me preguntara cuáles son esas condiciones, hace unos años le hubiera dicho que bastaba con escuchar a los representantes de sus trabajadoras y trabajadores; ahora le diría, no sólo que les escuche, sino que, además, piense en lo que, en conciencia, le parece adecuado para tener un proyecto de vida digna. Porque, como usted bien sabe, se han recortado tanto los derechos laborales y las prestaciones a los desempleados que hay muchas personas que se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo y salarios indignos.

En segundo lugar, sus donaciones a las administraciones públicas serían mejor recibidas desde la convicción de que los impuestos que sus empresas pagan son los justos. Sé que lo de apelar a la justicia es una argumentación que quienes rigen la economía capitalista no entienden ni medio bien. Pero quiero suponer que quien hace donaciones para que la sociedad sea más justa puede calibrar si los impuestos que pagan sus empresas alcanzan o no para ser considerados justos. Obviamente, si usted reconociera que sus empresas pagan unos impuestos exiguos en comparación con sus multimillonarios beneficios, debería entender que muchas personas consideren que sus donaciones son una burda manera de justificarse por lo que sus empresas no han tributado.

Para acabar, debo decirle que el ser usted tan rico y el seguir ganando tanto dinero le obligan a cumplir con el tributo social añadido de tener que demostrar permanentemente que de verdad respeta la dignidad de las personas (en particular, de las que trabajan para usted) y que está inequívocamente a favor de que los impuestos sean justos y equitativos. Y si no lo logra, la próxima vez que dedique a fines benéficos un poco de su mucho dinero, no me quedará más remedio que alinearme con quienes le consideran un depredador económico que pone el derecho a la propiedad privada ilimitada por encima de la dignidad y la justicia.