El blog de Javier García Aranda

¿Se puede vivir dignamente con ese salario? Aun en el caso de una persona con buena salud, sin cargas familiares y que comparta vivienda, ¿cobrar el SMI permite hacer planes para tener un proyecto vital a medio y largo plazo?, ¿es suficiente para generar unas mínimas reservas para hacer frente a los inevitables imprevistos que depara la vida? A pesar de la zozobra que para las buenas conciencias implique dar respuestas honestas a estas cuestiones, una parte importante de las cabezas pensantes de la economía sigue manteniendo que subir el SMI es un dislate que solo genera desempleo. Porque esta opinión es la que mantenían, mantienen y amenazan con seguir manteniendo los empresarios y las empresarias, a quienes solo parece interesarles pagar los salarios más bajos posibles. Con todo, lo más sorprendente es que, como recoge Joaquín Estefanía en un reciente artículo publicado en EL PAÍS, esta recalcitrante postura empresarial ante la existencia misma de cualquier SMI ha encontrado históricamente un importante punto de apoyo en la supuestamente docta opinión de quienes presumen de ser expertos en Economía.

Cuando la crisis del petróleo de 1973 dio inicio al crepúsculo de los años dorados del capitalismo, en los que -al menos en los países del primer mundo- había cobrado fuerza la idea del Estado de Bienestar, el 90% de los y las economistas proclamaban la maldad intrínseca del SMI. Siguiendo esta estela, en los años 80, Ronald Reagan y Margaret Thatcher lideraron la política económica que inauguró el imperio del neoliberalismo, mientras proclamaban que el SMI era un instrumento diabólico, que encarecía el precio del trabajo y, por tanto, propiciaba el aumento del desempleo.

Ha hecho falta llegar al siglo XXI para que cada vez más economistas se hayan mostrado dispuestos/as a no poner por delante los modelos teóricos y atenerse a los datos empíricos, un principio que debería ser irrenunciable en una disciplina que pretende ser científica y fundacionalmente inscrita entre las Ciencias Sociales. Esos datos indican que, además de no ser incuestionable y generalizable la correlación entre la cuantía del SMI y la demanda de trabajadores/as por parte de las empresas -al menos por parte de aquellas que se merecen tal denominación-, es cada vez más evidente que el SMI es un muy buen instrumento para combatir la desigualdad y la exclusión social, sin provocar una merma significativa del nivel de empleo.

Polémicas académicas aparte y dejando de lado cómo deberían medirse el paro y el empleo para no generar continuas suspicacias, debe ser irrenunciable que el SMI alcance en el corto plazo la cuantía del 60% del salario medio neto, tal y como señala la Carta Social Europea. Y en el caso de aquellas comunidades autónomas -entre ellas la vasca- en las que es palmario que el salario medio es más elevado que en el conjunto del Estado, hay que exigir a los poderes público que se comprometan a tomar las medidas necesarias para compensarlo: no se puede presumir de tener un mayor nivel de vida y olvidarse de los trabajadores y las trabajadoras que cobran el SMI que, en algunos casos -como ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca-, es evidente que no alcanza para vivir dignamente.